Como se esperaba, el Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia contra el juez Baltasar Garzón, en la que condena al acusado a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su profesión y le prohíbe poner los pies en la Audiencia Nacional. La sentencia significa el final de la carrera judicial de Garzón, que quiere recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional (TC) e incluso en el Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo.
La sentencia del TS ha causado alarma social en España, donde hubo manifestaciones en pro del juez condenado y en contra del TS, al que los manifestantes acusan de derechismo y de poner en peligro el Estado español de Derecho. Los partidos políticos, salvo IU, guardan un “precavido” silencio. Casi en representación de éstos, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha recalcado que el Gobierno (PP) es respetuoso con la decisión de los magistrados y respeta la independencia del poder judicial del poder ejecutivo. Más directa ha sido como siempre la presidenta de la autonomía madrileña, Esperanza Aguirre, al declarar que “se trata de un gran día para el Estado de Derecho y para la democracia”. ¿Qué concepto tiene esta señora del Estado de Derecho y de la Democracia? Cuando la gran manifestación del PP, acompañado de grupúsculos de extrema derecha, a la pregunta de un periodista, Doña Esperanza dijo no tener reparos en una coalición con Falange Española.
Para los observadores extranjeros la sentencia resulta esperpéntica en un país democrático. El hecho de que el fallo haya sido por unanimidad despierta sospechas y se señala que en la justicia española están en mayoría los magistrados conservadores.
Contra Garzón hay todavía abiertas dos causas: una por la acusación de que Garzón hubiese percibido remuneración por conferencias pronunciadas en Estados Unidos y la última –aquí está el quid- por su intención de investigar y procesar los crímenes del franquismo, cuya dictadura hasta la fecha no ha querido condenar el PP en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento Europeo.
El hecho de que hayan sido tres grupúsculos fascistas, (entre ellos Falange Española y de las JONS, excluida posteriormente por el TS como demasiado farragosa), los que se querellaron contra el incómodo juez, permite vislumbrar “manos negras”.
Los juicios contra Garzón no sólo producen desconfianza en la justicia de este país, sino irritación social. Puede ser una casualidad que en el escándalo de corrupción de “Gürtel”, en español “Correa, el único que ha sido hasta ahora juzgado y condenado sea precisamente el juez instructor Garzón, por las escuchas policiales de las conversaciones telefónicas entre los abogados y sus clientes. ¿Dos juicios “teloneros” para que empiece el gran espectáculo: el juicio contra Baltasar Garzón por querer hacer patente el criminal sistema del franquismo? La derecha replica siempre con la tragedia de Paracuellos del Jarama. Pero allí las víctimas son honradas con nombres y apellidos en un monumento a los fusilados que luchaban en Madrid en el bando de Franco. ¿Quién se acuerda de los republicanos fusilados por orden del dictador y hacinados en fosas comunes? Parece que a Garzón se le juzga por querer cumplir un imperativo de la singular democracia española: por la memoria histórica. Es evidente que después de más de 30 años de libertad siguen existiendo las dos Españas que describió en verso Antonio Machado.
La sentencia del TS ha causado alarma social en España, donde hubo manifestaciones en pro del juez condenado y en contra del TS, al que los manifestantes acusan de derechismo y de poner en peligro el Estado español de Derecho. Los partidos políticos, salvo IU, guardan un “precavido” silencio. Casi en representación de éstos, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha recalcado que el Gobierno (PP) es respetuoso con la decisión de los magistrados y respeta la independencia del poder judicial del poder ejecutivo. Más directa ha sido como siempre la presidenta de la autonomía madrileña, Esperanza Aguirre, al declarar que “se trata de un gran día para el Estado de Derecho y para la democracia”. ¿Qué concepto tiene esta señora del Estado de Derecho y de la Democracia? Cuando la gran manifestación del PP, acompañado de grupúsculos de extrema derecha, a la pregunta de un periodista, Doña Esperanza dijo no tener reparos en una coalición con Falange Española.
Para los observadores extranjeros la sentencia resulta esperpéntica en un país democrático. El hecho de que el fallo haya sido por unanimidad despierta sospechas y se señala que en la justicia española están en mayoría los magistrados conservadores.
Contra Garzón hay todavía abiertas dos causas: una por la acusación de que Garzón hubiese percibido remuneración por conferencias pronunciadas en Estados Unidos y la última –aquí está el quid- por su intención de investigar y procesar los crímenes del franquismo, cuya dictadura hasta la fecha no ha querido condenar el PP en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento Europeo.
El hecho de que hayan sido tres grupúsculos fascistas, (entre ellos Falange Española y de las JONS, excluida posteriormente por el TS como demasiado farragosa), los que se querellaron contra el incómodo juez, permite vislumbrar “manos negras”.
Los juicios contra Garzón no sólo producen desconfianza en la justicia de este país, sino irritación social. Puede ser una casualidad que en el escándalo de corrupción de “Gürtel”, en español “Correa, el único que ha sido hasta ahora juzgado y condenado sea precisamente el juez instructor Garzón, por las escuchas policiales de las conversaciones telefónicas entre los abogados y sus clientes. ¿Dos juicios “teloneros” para que empiece el gran espectáculo: el juicio contra Baltasar Garzón por querer hacer patente el criminal sistema del franquismo? La derecha replica siempre con la tragedia de Paracuellos del Jarama. Pero allí las víctimas son honradas con nombres y apellidos en un monumento a los fusilados que luchaban en Madrid en el bando de Franco. ¿Quién se acuerda de los republicanos fusilados por orden del dictador y hacinados en fosas comunes? Parece que a Garzón se le juzga por querer cumplir un imperativo de la singular democracia española: por la memoria histórica. Es evidente que después de más de 30 años de libertad siguen existiendo las dos Españas que describió en verso Antonio Machado.
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