Durante el Gobierno de ZP no pasa día sin que salga a la palestra algún nuevo caso de corrupción que salpique y deje tocado a alguno de los partidos políticos, grandes o pequeños.
Así, el caso “Terra Mítica” llenará las páginas de los periódicos en 2006. La construcción de ese parque temático en Benidorm (Alicante) fue impulsada por Eduardo Zaplana, a la sazón Presidente de la Comunidad Valenciana, y ha acabado siendo un gran fracaso económico que ha costado a los contribuyentes la friolera de 400 millones de euros.
Por extraño que parezca, la mayoría de los implicados consiguió irse de rositas. Consultando la hemeroteca del diario El País encuentro una noticia fechada el 12 de enero de 2010 que dice así:
“El Juzgado de Instrucción número tres de Valencia decidió ayer archivar el grueso del caso Terra Mítica, el referido al delito tributario que dio origen a la causa por la que se investiga la construcción del complejo de ocio alicantino. El juez entiende que el trámite en el que la Agencia Tributaria dio traslado a la fiscalía no se ajustó a la legalidad porque no se dio oportunidad a los denunciados de alegar y, por tanto, el posible delito (de los años 2000 y 2001) habría prescrito”.
Sin embargo, el 3 de agosto de 2011, la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación presentado por la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el PSOE, contra la resolución del instructor, el titular del Juzgado número 3 de Valencia y ordena reabrir la investigación. Se revoca así el sobreseimiento parcial ordenado en su día por el juez instructor que atañía a cinco exdirectivos del parque temático. A partir de ahí, la Audiencia intentará desenmarañar la trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias en las obras de Terra Mítica, con la que se defraudaron a Hacienda sólo en 2000 y 2001 más de 4,4 millones de euros en concepto de IVA.
En Cataluña, el “caso Palau”, estalla en 2009. Es la historia del saqueo sistemático de una institución cultural tan emblemática como la Fundació Palau de la Música por parte de su presidente, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull. Además del expolio del Palau con el desvío de unos 356 millones de euros a cuentas privadas en paraísos fiscales, la Fiscalía acusa también a los ex directivos del Palau de haber defraudado a Hacienda casi 685.000 euros (al cobrar devoluciones improcedentes del IVA en el ejercicio fiscal del año 2007).
La opinión pública está furiosa. No hay que olvidar que la Fundación se nutre de las aportaciones de pequeños socios y grandes mecenas, que se sienten ahora estafados por las maquinaciones financieras de esos dos individuos y sus cómplices. Además, esta vez es el buen nombre de CiU (el partido más votado por la burguesía catalana) el que está en entredicho por supuestos delitos de tráfico de influencias y financiación ilícita.
El 2009 en Cataluña explota la bomba del “caso Pretoria”, una madeja de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona que se remonta al año 2000. El escándalo implica a diversos ayuntamientos de la provincia y lo más llamativo es que sea precisamente el Juez Baltasar Garzón el que impute a diversos políticos de CiU y del PSC. Todos ellos acusados de haber supuestamente cometido al alimón delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueo de dinero y fraude fiscal cifrados en 44 millones de euros.
En Barcelona capital, el PSC, que había estado al frente del Ayuntamiento durante más de treinta años, no se salva de la acusación de corruptelas de mayor o menor cuantía, especialmente en la Concejalía de Urbanismo. Estamos hablando del conflicto de intereses en el caso de algunas obras públicas de la Generalitat, las extrañas recalificaciones de terrenos cercanos a la periferia o de solares con edificios ruinosos en el Casco Antiguo. O, incluso, de subvenciones concedidas a colegios concertados de elite, a pesar de que éstos incumplían la mayor parte de los requisitos estipulados para poder disfrutarlas.
Y llegamos ya al “caso Gürtel”, que le ha costado el birrete al Juez Baltasar Garzón, el mismo que inició el “caso Pretoria”, en el que se permitieron escuchas (las avaló la Audiencia Nacional), que los jueces del T.S.J convierten aquí por arte de birlibirloque en “prevaricación”.
La trama sobre una presunta red de corrupción política, urbanística y de blanqueo de dinero (que compromete seriamente al Partido Popular) es destapada en el año 2009 por el diario “El País”. El principal protagonista es un tal Francisco Correa. Desconozco qué es lo que motiva al Juez Baltasar Garzón a traducir al alemán el nombre de Correa: “Gurt” o “Gürtel”. La cuestión es que las numerosas empresas de Correa se dedicaban, entre otras cosas, a organizar eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de Aznar.
Según ha publicado la Prensa española y extranjera hasta la saciedad, después del levantamiento del sumario se ha sabido que existirían fundados indicios de posible financiación irregular del Partido Popular nacional, así como de las Comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.
Ahora le toca el turno al bochornoso "caso de Mercasevilla" o "caso de los ERES falsos". Esa estafa a gran escala, que implica a destacados políticos, miembros del PSOE y UGT, consistía en el cobro de indemnizaciones y prejubilaciones procedentes de la empresa pública Mercasevilla después de que esta empresa tramitase en 2007 un ERE (expediente de regulación de empleo) para todos sus trabajadores. Lo malo es que muchos de los beneficiarios de esas (normalmente justas) reivindicaciones no trabajaron jamás para Mercasevilla. Las posibles irregularidades se cifran en unos 700 millones de euros. El caso, del que en el curso de la investigación se van desprendiendo otros presuntos delitos como el cobro de comisiones ilegales y delitos urbanísticos, está ahora en manos de la juez instructora, Mercedes Ayala. La pobre no lo tiene nada fácil, especialmente ahora, a pocas semanas de las próximas elecciones autonómicas. Las encuestas cuentan con una victoria del PP después de un periodo ininterrumpido de gobierno del PSOE desde el año 1978.
Pero el peor escándalo está todavía por llegar. Con la imputación en 2010 del antiguo presidente balear, Jaume Matas, sale a la luz un nombre: Instituto Nóos. Nos encontramos ya ante el llamado “Caso Urdangarin”.
Vayamos por partes. A Jaume Matas se le acusa de haber presuntamente cometido durante su etapa en el gobierno balear (especialmente en conexión con el desvío de fondos en la construcción del velódromo Palma Arena) los siguientes delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral.
Pero ese hubiese sido un escándalo más si durante la instrucción el juez no hubiese fijado su atención en el Instituto Nóos, una supuesta ONG sin ánimo de lucro, cuya cabeza visible entre 2004 y 2006 fue Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina y, por lo tanto, yerno del Rey.
No voy a entrar aquí en muchos detalles que estos días se airean, de una forma más o menos seria, en los periódicos y los programas de la TV. Lo que queda claro es que el Duque de Palma y su socio Diego Torres presuntamente crearon un galimatías de sociedades que les permitiría desviar dinero público a paraísos fiscales. Las empresas de la trama aplicaban el sistema de cruce de facturas, lo que en lenguaje tributario se conoce como “triangulación de facturas”. Esto permite que el dinero se mueva de una sociedad a otra, aunque quedándose siempre dentro del entramado de empresas (en este caso se dice que llegó a traspasar las fronteras de cinco países).
El diario “El Mundo”, escribía el 24 noviembre de 2011: “Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat valenciana. El Instituto Nóos, que recibió 2,3 millones de fondos públicos de Baleares y unos 3 millones de la Generalitat Valenciana) creó un sistema triangular de emisión de facturas por "servicios prestados" para no superar los 250.000 euros anuales de beneficio y abonar cuanto menos al Fisco y, a su vez, evitar la atención sobre el Instituto Nóos, una entidad constituida sin ánimo de lucro.”
Este caso sin parangón en la historia judicial de España ha provocado un circo mediático imparable. Las hienas de la prensa amarilla ya están afilando sus dientes para el día 25 de febrero, fecha en la cual Iñaki Urdangarin está llamado a prestar declaración como imputado ante el Juez de Palma de Mallorca, José Castro.
Personalmente, soy una ferviente defensora del principio de presunción de inocencia. Pero el Duque de Palma no me lo pone fácil, pues lo que tiene de perverso este caso es que con su comportamiento nada ejemplar, Urdangarin ha conseguido que muchos españoles pongan en tela de juicio a la Monarquía como institución. Algo impensable hace un par de años. Y sólo por eso se merecería, a mi modo de ver, un castigo ejemplar (aunque sea sólo simbólico), incluso si don Iñaki consiguiese demostrar su inocencia.
Para mí, Iñaki Urdangarín es sólo una muestra más de la decadencia de nuestra sociedad. Aunque la delincuencia de cuello blanco se ha multiplicado en los últimos tiempos, en España parece que esa clase de delitos es lo que menos preocupa a la mayoría de nuestra sociedad. Si se paran a pensar, la corrupción ha arraigado tan profundamente en nuestro país por la condescendencia social con ese tipo de delitos. Da incluso la impresión de que existe la tendencia a recompensar más los delitos (ergo, a admirar a los delincuentes) que las virtudes (los que viven en consecuencia son unos pobres “pringaos”).
La corrupción ha crecido a la sombra de una pérdida general de principios y de valores. Ante ello me pregunto ¿dónde han fallado la familia y la sociedad en general para que lo más importante para muchos españoles siga siendo la acumulación de riquezas y otros bienes materiales, hasta el punto de no ser capaces de distinguir la línea fronteriza que separa el negocio arriesgado y el delito?
Margarita Rey
Así, el caso “Terra Mítica” llenará las páginas de los periódicos en 2006. La construcción de ese parque temático en Benidorm (Alicante) fue impulsada por Eduardo Zaplana, a la sazón Presidente de la Comunidad Valenciana, y ha acabado siendo un gran fracaso económico que ha costado a los contribuyentes la friolera de 400 millones de euros.
Por extraño que parezca, la mayoría de los implicados consiguió irse de rositas. Consultando la hemeroteca del diario El País encuentro una noticia fechada el 12 de enero de 2010 que dice así:
“El Juzgado de Instrucción número tres de Valencia decidió ayer archivar el grueso del caso Terra Mítica, el referido al delito tributario que dio origen a la causa por la que se investiga la construcción del complejo de ocio alicantino. El juez entiende que el trámite en el que la Agencia Tributaria dio traslado a la fiscalía no se ajustó a la legalidad porque no se dio oportunidad a los denunciados de alegar y, por tanto, el posible delito (de los años 2000 y 2001) habría prescrito”.
Sin embargo, el 3 de agosto de 2011, la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación presentado por la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el PSOE, contra la resolución del instructor, el titular del Juzgado número 3 de Valencia y ordena reabrir la investigación. Se revoca así el sobreseimiento parcial ordenado en su día por el juez instructor que atañía a cinco exdirectivos del parque temático. A partir de ahí, la Audiencia intentará desenmarañar la trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias en las obras de Terra Mítica, con la que se defraudaron a Hacienda sólo en 2000 y 2001 más de 4,4 millones de euros en concepto de IVA.
En Cataluña, el “caso Palau”, estalla en 2009. Es la historia del saqueo sistemático de una institución cultural tan emblemática como la Fundació Palau de la Música por parte de su presidente, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull. Además del expolio del Palau con el desvío de unos 356 millones de euros a cuentas privadas en paraísos fiscales, la Fiscalía acusa también a los ex directivos del Palau de haber defraudado a Hacienda casi 685.000 euros (al cobrar devoluciones improcedentes del IVA en el ejercicio fiscal del año 2007).
La opinión pública está furiosa. No hay que olvidar que la Fundación se nutre de las aportaciones de pequeños socios y grandes mecenas, que se sienten ahora estafados por las maquinaciones financieras de esos dos individuos y sus cómplices. Además, esta vez es el buen nombre de CiU (el partido más votado por la burguesía catalana) el que está en entredicho por supuestos delitos de tráfico de influencias y financiación ilícita.
El 2009 en Cataluña explota la bomba del “caso Pretoria”, una madeja de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona que se remonta al año 2000. El escándalo implica a diversos ayuntamientos de la provincia y lo más llamativo es que sea precisamente el Juez Baltasar Garzón el que impute a diversos políticos de CiU y del PSC. Todos ellos acusados de haber supuestamente cometido al alimón delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueo de dinero y fraude fiscal cifrados en 44 millones de euros.
En Barcelona capital, el PSC, que había estado al frente del Ayuntamiento durante más de treinta años, no se salva de la acusación de corruptelas de mayor o menor cuantía, especialmente en la Concejalía de Urbanismo. Estamos hablando del conflicto de intereses en el caso de algunas obras públicas de la Generalitat, las extrañas recalificaciones de terrenos cercanos a la periferia o de solares con edificios ruinosos en el Casco Antiguo. O, incluso, de subvenciones concedidas a colegios concertados de elite, a pesar de que éstos incumplían la mayor parte de los requisitos estipulados para poder disfrutarlas.
Y llegamos ya al “caso Gürtel”, que le ha costado el birrete al Juez Baltasar Garzón, el mismo que inició el “caso Pretoria”, en el que se permitieron escuchas (las avaló la Audiencia Nacional), que los jueces del T.S.J convierten aquí por arte de birlibirloque en “prevaricación”.
La trama sobre una presunta red de corrupción política, urbanística y de blanqueo de dinero (que compromete seriamente al Partido Popular) es destapada en el año 2009 por el diario “El País”. El principal protagonista es un tal Francisco Correa. Desconozco qué es lo que motiva al Juez Baltasar Garzón a traducir al alemán el nombre de Correa: “Gurt” o “Gürtel”. La cuestión es que las numerosas empresas de Correa se dedicaban, entre otras cosas, a organizar eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de Aznar.
Según ha publicado la Prensa española y extranjera hasta la saciedad, después del levantamiento del sumario se ha sabido que existirían fundados indicios de posible financiación irregular del Partido Popular nacional, así como de las Comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.
Ahora le toca el turno al bochornoso "caso de Mercasevilla" o "caso de los ERES falsos". Esa estafa a gran escala, que implica a destacados políticos, miembros del PSOE y UGT, consistía en el cobro de indemnizaciones y prejubilaciones procedentes de la empresa pública Mercasevilla después de que esta empresa tramitase en 2007 un ERE (expediente de regulación de empleo) para todos sus trabajadores. Lo malo es que muchos de los beneficiarios de esas (normalmente justas) reivindicaciones no trabajaron jamás para Mercasevilla. Las posibles irregularidades se cifran en unos 700 millones de euros. El caso, del que en el curso de la investigación se van desprendiendo otros presuntos delitos como el cobro de comisiones ilegales y delitos urbanísticos, está ahora en manos de la juez instructora, Mercedes Ayala. La pobre no lo tiene nada fácil, especialmente ahora, a pocas semanas de las próximas elecciones autonómicas. Las encuestas cuentan con una victoria del PP después de un periodo ininterrumpido de gobierno del PSOE desde el año 1978.
Pero el peor escándalo está todavía por llegar. Con la imputación en 2010 del antiguo presidente balear, Jaume Matas, sale a la luz un nombre: Instituto Nóos. Nos encontramos ya ante el llamado “Caso Urdangarin”.
Vayamos por partes. A Jaume Matas se le acusa de haber presuntamente cometido durante su etapa en el gobierno balear (especialmente en conexión con el desvío de fondos en la construcción del velódromo Palma Arena) los siguientes delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral.
Pero ese hubiese sido un escándalo más si durante la instrucción el juez no hubiese fijado su atención en el Instituto Nóos, una supuesta ONG sin ánimo de lucro, cuya cabeza visible entre 2004 y 2006 fue Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina y, por lo tanto, yerno del Rey.
No voy a entrar aquí en muchos detalles que estos días se airean, de una forma más o menos seria, en los periódicos y los programas de la TV. Lo que queda claro es que el Duque de Palma y su socio Diego Torres presuntamente crearon un galimatías de sociedades que les permitiría desviar dinero público a paraísos fiscales. Las empresas de la trama aplicaban el sistema de cruce de facturas, lo que en lenguaje tributario se conoce como “triangulación de facturas”. Esto permite que el dinero se mueva de una sociedad a otra, aunque quedándose siempre dentro del entramado de empresas (en este caso se dice que llegó a traspasar las fronteras de cinco países).
El diario “El Mundo”, escribía el 24 noviembre de 2011: “Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat valenciana. El Instituto Nóos, que recibió 2,3 millones de fondos públicos de Baleares y unos 3 millones de la Generalitat Valenciana) creó un sistema triangular de emisión de facturas por "servicios prestados" para no superar los 250.000 euros anuales de beneficio y abonar cuanto menos al Fisco y, a su vez, evitar la atención sobre el Instituto Nóos, una entidad constituida sin ánimo de lucro.”
Este caso sin parangón en la historia judicial de España ha provocado un circo mediático imparable. Las hienas de la prensa amarilla ya están afilando sus dientes para el día 25 de febrero, fecha en la cual Iñaki Urdangarin está llamado a prestar declaración como imputado ante el Juez de Palma de Mallorca, José Castro.
Personalmente, soy una ferviente defensora del principio de presunción de inocencia. Pero el Duque de Palma no me lo pone fácil, pues lo que tiene de perverso este caso es que con su comportamiento nada ejemplar, Urdangarin ha conseguido que muchos españoles pongan en tela de juicio a la Monarquía como institución. Algo impensable hace un par de años. Y sólo por eso se merecería, a mi modo de ver, un castigo ejemplar (aunque sea sólo simbólico), incluso si don Iñaki consiguiese demostrar su inocencia.
Para mí, Iñaki Urdangarín es sólo una muestra más de la decadencia de nuestra sociedad. Aunque la delincuencia de cuello blanco se ha multiplicado en los últimos tiempos, en España parece que esa clase de delitos es lo que menos preocupa a la mayoría de nuestra sociedad. Si se paran a pensar, la corrupción ha arraigado tan profundamente en nuestro país por la condescendencia social con ese tipo de delitos. Da incluso la impresión de que existe la tendencia a recompensar más los delitos (ergo, a admirar a los delincuentes) que las virtudes (los que viven en consecuencia son unos pobres “pringaos”).
La corrupción ha crecido a la sombra de una pérdida general de principios y de valores. Ante ello me pregunto ¿dónde han fallado la familia y la sociedad en general para que lo más importante para muchos españoles siga siendo la acumulación de riquezas y otros bienes materiales, hasta el punto de no ser capaces de distinguir la línea fronteriza que separa el negocio arriesgado y el delito?
Margarita Rey
No hay comentarios:
Publicar un comentario