Con el estallido del escándalo del Instituto Noós que señala al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, como supuesto implicado en el caso (una complicada trama de tráfico de influencias y evasión de dinero) y su posterior imputación, cobra especial actualidad la expresión “delincuencia de cuello blanco” (también: delincuencia de cuello y corbata). El término proviene del inglés (“white-collar delinquency”) y se utiliza para definir a personas pertenecientes a las capas más altas de la sociedad (políticos, ejecutivos, etc.) quienes, amparadas en su privilegiada situación socioeconómica, cometen delitos de estafa o de corrupción.
Durante la dictadura franquista, el régimen hacía todo lo posible por tapar esos delitos para no dañar su imagen. Sin embargo, no se pudo evitar que saliese a la luz el llamado “caso del estraperlo”, en el que estaba implicado hasta las cejas el Ministro de Comercio Manuel Arburúa. O la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, una fábrica de cacerolas de aluminio, en la que tenía metidos los dedos un hermano de Franco, Nicolás. Por supuesto, el caso nunca llegó a los tribunales.
A éstos siguieron los casos MATESA (una quiebra de 10.000 millones de las antiguas pesetas que se aireó por la enemistad existente entre falangistas y tecnócratas del Opus Dei) y SOFICO (una colosal estafa inmobiliaria de 13.000 millones de pesetas que dejó en calzoncillos a unos 25.000 inversores, muchos de ellos emigrantes), sin contar las innumerables corruptelas que se comentaban sotto voce y que salpicaban al entorno del Caudillo, especialmente a su yerno, el Marqués de Villaverde.
Sin embargo, dejando aparte el secretismo que reinaba durante la época dictatorial, los casos más llamativos por su gran envergadura se han cometido en los casi 34 años que llevamos de democracia (si tomamos como punto de partida la aprobación de la Constitución Española por las Cortes el 31 de octubre de 1978.
En la transición democrática, el escándalo del aceite de colza fue de lo más sonado. Aquí, el afán de lucro de los delincuentes, hizo que, sin importarles un ápice la salud de sus conciudadanos, se pusieran a la venta grandes cantidades de aceite de colza desnaturalizado (es decir, adulterado). El aceite, que había sido importado de Francia para uso industrial, contenía “anilina” (un compuesto de gran toxicidad que se suele utilizar, entre otras cosas, como herbicida), lo que provocó la muerte por intoxicación de 700 personas y el envenenamiento de 20.000 españoles, todos ellos pertenecientes a clases muy humildes que compraban el aceite a granel.
Hubo muchos más casos menores de “delincuencia de cuello blanco” durante ese periodo transicional. Pero fue más tarde, precisamente durante los últimos años de gobierno de Felipe González, cuando se disparó la que vulgarmente se conoce como “cultura del pelotazo”. Los casos más importantes fueron el Caso KIO (una suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas), el de los “Fondos reservados” (desvío de 5 millones de euros destinados a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico a los bolsillos privados de siete altos funcionarios del ministerio del Interior), el caso RUMASA” (expropiación del holding de la familia Ruíz Mateos, que protagoniza en la actualidad una segunda parte, consistente en una estafa piramidal de grandes dimensiones). También dieron mucho que hablar los casos FILESA (financiación ilegal del PSOE a través de “empresas tapadera”), ROLDAN (Luís Roldán, miembro del PSOE y director de la Guardia Civil, que hizo desaparecer 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones de comisiones de obras del Instituto Armado), BANESTO (no tan claro, ya que se habla de una mano negra o complot político que podría haber jugado un papel importante en la intervención del Banco para llevar a Mario Conde a la cárcel para truncar sus ambiciones políticas) y el caso GAL (creación y financiación ilegal de una chapucera contraorganización para acabar con ETA, en la que estaban implicados altos cargos del gobierno socialista, policías y guardias civiles, que se cobró la vida de 27personas del entorno de ETA y otras de otras personas inocentes) y que, ironías del destino, destapó precisamente el Juez Baltasar Garzón, por aquel entonces aplaudido hasta con las orejas por los mismos sectores en la política que han causado ahora su ruina.
Alcanzaron también una triste celebridad el caso URBANOR (irregularidades en la venta por la sociedad Urbanor al grupo kuwaití KIO de unos terrenos de la Plaza Castilla de Madrid), el caso CASINOS (desvío por su propio presidente de 1.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama para la financiación ilegal de Convergencia i Unió) y el caso de la cooperativa de viviendas PSV, que se apropió indebidamente de más de 18.000 millones de pesetas para el enriquecimiento personal y la financiación ilegal de UGT.
También por aquel entonces, el caso NASEIRO nos lleva a la financiación ilegal del Partido Popular a través de un entramado de empresas inmobiliarias. Mientras que en “el caso del lino”, se trataba de unas presuntas ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular que, si bien terminó en España con la absolución de los 18 imputados, en 2009 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a devolver 129 de los 134 millones que se habían percibido en su día de la UE en forma de subvenciones.
Margarita Rey
Durante la dictadura franquista, el régimen hacía todo lo posible por tapar esos delitos para no dañar su imagen. Sin embargo, no se pudo evitar que saliese a la luz el llamado “caso del estraperlo”, en el que estaba implicado hasta las cejas el Ministro de Comercio Manuel Arburúa. O la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, una fábrica de cacerolas de aluminio, en la que tenía metidos los dedos un hermano de Franco, Nicolás. Por supuesto, el caso nunca llegó a los tribunales.
A éstos siguieron los casos MATESA (una quiebra de 10.000 millones de las antiguas pesetas que se aireó por la enemistad existente entre falangistas y tecnócratas del Opus Dei) y SOFICO (una colosal estafa inmobiliaria de 13.000 millones de pesetas que dejó en calzoncillos a unos 25.000 inversores, muchos de ellos emigrantes), sin contar las innumerables corruptelas que se comentaban sotto voce y que salpicaban al entorno del Caudillo, especialmente a su yerno, el Marqués de Villaverde.
Sin embargo, dejando aparte el secretismo que reinaba durante la época dictatorial, los casos más llamativos por su gran envergadura se han cometido en los casi 34 años que llevamos de democracia (si tomamos como punto de partida la aprobación de la Constitución Española por las Cortes el 31 de octubre de 1978.
En la transición democrática, el escándalo del aceite de colza fue de lo más sonado. Aquí, el afán de lucro de los delincuentes, hizo que, sin importarles un ápice la salud de sus conciudadanos, se pusieran a la venta grandes cantidades de aceite de colza desnaturalizado (es decir, adulterado). El aceite, que había sido importado de Francia para uso industrial, contenía “anilina” (un compuesto de gran toxicidad que se suele utilizar, entre otras cosas, como herbicida), lo que provocó la muerte por intoxicación de 700 personas y el envenenamiento de 20.000 españoles, todos ellos pertenecientes a clases muy humildes que compraban el aceite a granel.
Hubo muchos más casos menores de “delincuencia de cuello blanco” durante ese periodo transicional. Pero fue más tarde, precisamente durante los últimos años de gobierno de Felipe González, cuando se disparó la que vulgarmente se conoce como “cultura del pelotazo”. Los casos más importantes fueron el Caso KIO (una suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas), el de los “Fondos reservados” (desvío de 5 millones de euros destinados a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico a los bolsillos privados de siete altos funcionarios del ministerio del Interior), el caso RUMASA” (expropiación del holding de la familia Ruíz Mateos, que protagoniza en la actualidad una segunda parte, consistente en una estafa piramidal de grandes dimensiones). También dieron mucho que hablar los casos FILESA (financiación ilegal del PSOE a través de “empresas tapadera”), ROLDAN (Luís Roldán, miembro del PSOE y director de la Guardia Civil, que hizo desaparecer 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones de comisiones de obras del Instituto Armado), BANESTO (no tan claro, ya que se habla de una mano negra o complot político que podría haber jugado un papel importante en la intervención del Banco para llevar a Mario Conde a la cárcel para truncar sus ambiciones políticas) y el caso GAL (creación y financiación ilegal de una chapucera contraorganización para acabar con ETA, en la que estaban implicados altos cargos del gobierno socialista, policías y guardias civiles, que se cobró la vida de 27personas del entorno de ETA y otras de otras personas inocentes) y que, ironías del destino, destapó precisamente el Juez Baltasar Garzón, por aquel entonces aplaudido hasta con las orejas por los mismos sectores en la política que han causado ahora su ruina.
Alcanzaron también una triste celebridad el caso URBANOR (irregularidades en la venta por la sociedad Urbanor al grupo kuwaití KIO de unos terrenos de la Plaza Castilla de Madrid), el caso CASINOS (desvío por su propio presidente de 1.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama para la financiación ilegal de Convergencia i Unió) y el caso de la cooperativa de viviendas PSV, que se apropió indebidamente de más de 18.000 millones de pesetas para el enriquecimiento personal y la financiación ilegal de UGT.
También por aquel entonces, el caso NASEIRO nos lleva a la financiación ilegal del Partido Popular a través de un entramado de empresas inmobiliarias. Mientras que en “el caso del lino”, se trataba de unas presuntas ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular que, si bien terminó en España con la absolución de los 18 imputados, en 2009 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a devolver 129 de los 134 millones que se habían percibido en su día de la UE en forma de subvenciones.
Margarita Rey
(......continuará......)
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