¡Digamos la verdad y que se avergüence el demonio!, decían los clásicos. Que se avergüence el demonio: quienes gestionaron irresponsablemente bancos y cajas mientras se autoconcedían retribuciones fuera de todo sentido; quienes se han negado, y se niegan, a someterse a normas de transparencia y quienes se aprovechan de esa opacidad para ocultar sus marrullerías; quienes han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones públicas, no ya solo por corrupción, sino también por pura banalidad.
Los ciudadanos están abochornados por decisiones que les han sido ajenas, pero cuyas consecuencias pagarán. Quizás el 15-M, si logra revitalizarse, consiga que nos sacudamos esa paralizante angustia y que avivemos nuestra exigencia de responsabilidades. Ojalá el impulso de los jóvenes nos coloque ante nuestras obligaciones ciudadanas.
Vivimos en una atmósfera de vergüenza, que acarrea una dolorosa sensación de culpa, mientras que los causantes directos de esta situación pretenden que nadie les pida responsabilidades, penales en los casos en que sea procedente, o políticas y cívicas, en los que no. ¿Creen Miguel Blesa o José Luis Olivas que lo pasado, pasado está? No debería ser así. ¿Cree el gobernador del Banco de España que puede reclamar indulgencia? ¿Confía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en que puede escabullirse de la quiebra de la Caja de Ahorros, donde el PP colocó a decenas de amigos, familiares y militantes, y que todo pasará, sin consecuencias para ella? ¿Se olvidará quiénes fueron los consejeros que representaron al PSOE madrileño y a los sindicatos y que callaron por incompetencia, interés o amiguismo? Todos sus nombres deberían desaparecer para siempre de cualquier lista o cargo político.
Es imposible soportar a un presidente del Supremo sospechoso de endilgar gastos personales al erario público
En este país han pasado demasiadas cosas como para continuar paralizados. Digamos en público la verdad: es imposible soportar a un presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sospechoso de endilgar gastos personales al erario público y que llama “miseria” a 6.000 euros, cuando la justicia que él administra puede castigar con una pena de prisión de hasta 18 meses a quien cometa un hurto de más de 400. Difícil aguantar un Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales acuden a su puesto de trabajo tres días a la semana, que actúa con tanta prepotencia que nombra magistrados que no reúnen los requisitos (como ocurrió en la Sala Civil del Supremo) y que se niega a someterse al principio de transparencia que debería ser el primero en impulsar ¿Cómo no se exigen a sí mismos algo más de ejemplaridad? ¿A qué viene tanta soberbia?
Es inaguantable que cuando se les pide a los ciudadanos sudor y lágrimas, el Gobierno (a quien corresponde la iniciativa) y la oposición sigan jugando con las instituciones y que, con una actitud inane, abandonen la renovación de los magistrados que deberían haber cesado ya en el Tribunal Constitucional y en otros organismos estatales. O que el Gobierno intente controlar informativamente RTVE, cuando lo que necesitamos es una televisión estatal que, en momentos de incertidumbre y peligro, nos proporcione información fidedigna.
Tenemos que protegernos, como sea, contra la degradación de la convivencia, contra la violencia verbal y la xenofobia y acostumbrarnos a pedir explicaciones. ¿Qué datos apoyan lo que está usted diciendo? ¿Con qué argumentos defiende su opinión? Como explican Martín Alonso y María Pardo en Una ética para el debate (Cuadernos Baseak), el déficit conceptual con que se expresan los personajes públicos es atroz. Hay que enseñar en las escuelas, explican, que nada ni nadie goza de inmunidad frente a la crítica y que quien participa en un debate público adquiere la responsabilidad de estar debidamente informado sobre lo que discute; que la crítica debe referirse a los hechos y no a las personas, y que estas son solo objeto de censura cuando son responsables de las acciones que se debaten. Que no se debe tratar a quien defiende una posición contraria como a un enemigo, pero que no todas las opiniones son respetables. Ojalá el 15-M nos ayude a salir de esta atmósfera de vergüenza.
Fuente: El País
Autora: Soledad Gallego Díaz
Los ciudadanos están abochornados por decisiones que les han sido ajenas, pero cuyas consecuencias pagarán. Quizás el 15-M, si logra revitalizarse, consiga que nos sacudamos esa paralizante angustia y que avivemos nuestra exigencia de responsabilidades. Ojalá el impulso de los jóvenes nos coloque ante nuestras obligaciones ciudadanas.
Vivimos en una atmósfera de vergüenza, que acarrea una dolorosa sensación de culpa, mientras que los causantes directos de esta situación pretenden que nadie les pida responsabilidades, penales en los casos en que sea procedente, o políticas y cívicas, en los que no. ¿Creen Miguel Blesa o José Luis Olivas que lo pasado, pasado está? No debería ser así. ¿Cree el gobernador del Banco de España que puede reclamar indulgencia? ¿Confía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en que puede escabullirse de la quiebra de la Caja de Ahorros, donde el PP colocó a decenas de amigos, familiares y militantes, y que todo pasará, sin consecuencias para ella? ¿Se olvidará quiénes fueron los consejeros que representaron al PSOE madrileño y a los sindicatos y que callaron por incompetencia, interés o amiguismo? Todos sus nombres deberían desaparecer para siempre de cualquier lista o cargo político.
Es imposible soportar a un presidente del Supremo sospechoso de endilgar gastos personales al erario público
En este país han pasado demasiadas cosas como para continuar paralizados. Digamos en público la verdad: es imposible soportar a un presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sospechoso de endilgar gastos personales al erario público y que llama “miseria” a 6.000 euros, cuando la justicia que él administra puede castigar con una pena de prisión de hasta 18 meses a quien cometa un hurto de más de 400. Difícil aguantar un Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales acuden a su puesto de trabajo tres días a la semana, que actúa con tanta prepotencia que nombra magistrados que no reúnen los requisitos (como ocurrió en la Sala Civil del Supremo) y que se niega a someterse al principio de transparencia que debería ser el primero en impulsar ¿Cómo no se exigen a sí mismos algo más de ejemplaridad? ¿A qué viene tanta soberbia?
Es inaguantable que cuando se les pide a los ciudadanos sudor y lágrimas, el Gobierno (a quien corresponde la iniciativa) y la oposición sigan jugando con las instituciones y que, con una actitud inane, abandonen la renovación de los magistrados que deberían haber cesado ya en el Tribunal Constitucional y en otros organismos estatales. O que el Gobierno intente controlar informativamente RTVE, cuando lo que necesitamos es una televisión estatal que, en momentos de incertidumbre y peligro, nos proporcione información fidedigna.
Tenemos que protegernos, como sea, contra la degradación de la convivencia, contra la violencia verbal y la xenofobia y acostumbrarnos a pedir explicaciones. ¿Qué datos apoyan lo que está usted diciendo? ¿Con qué argumentos defiende su opinión? Como explican Martín Alonso y María Pardo en Una ética para el debate (Cuadernos Baseak), el déficit conceptual con que se expresan los personajes públicos es atroz. Hay que enseñar en las escuelas, explican, que nada ni nadie goza de inmunidad frente a la crítica y que quien participa en un debate público adquiere la responsabilidad de estar debidamente informado sobre lo que discute; que la crítica debe referirse a los hechos y no a las personas, y que estas son solo objeto de censura cuando son responsables de las acciones que se debaten. Que no se debe tratar a quien defiende una posición contraria como a un enemigo, pero que no todas las opiniones son respetables. Ojalá el 15-M nos ayude a salir de esta atmósfera de vergüenza.
Fuente: El País
Autora: Soledad Gallego Díaz
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