La prensa ha dedicado abundante información a dos casos que demuestran, una vez más que la Justicia en nuestro país en más de una ocasión no sólo es ciega sino también sorda y muda. Y que eso de que la Justicia es igual para todos es un auténtico camelo.
Empecemos por el caso Botín comentado en ABC Economía:
La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares (hijos y un hermano) por un presunto fraude fiscal. El juez Fernando Andreu sostiene que la regularización de su situación ante la Agencia Tributaria ha sido «correcta y veraz». Y se apoya en el artículo 305.4 del Código Penal, que permite las regularizaciones fiscales con anterioridad a la apertura de un expediente por parte del fisco. "La Ley no juzga comportamientos morales ni la aplicación de la excusa cosas está en función de móviles altruistas, que pocas veces estarán presentes en la ratificación, de manera que en los casos límite o dudosos habrá que resolverlos en beneficio del reo", señala el instructor en la resolución.
En junio de 2011, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra la familia Botín tras recibir información de las autoridades francesas sobre españoles con cuentas en el HSBC de Suiza. En base a esa información, las personas físicas a las que se les había realizado requerimiento en el marco de las rentas derivadas de las cuentas bancarias en HSBC Suiza, respondieron de forma diversa: "unas presentaron e ingresaron autoliquidaciones complementarias por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Patrimonio por importe de más de 120.000 euros en distintos períodos impositivo, y otras o no han presentado liquidaciones complementarias, o han negado la titularidad de los fondos".
Emilio Botín fue uno de los requeridos y su actuación se ha resuelto de forma positiva. De la información de la que disponía la Agencia Tributaria se derivaba que no había presentado las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009, en las que se incluían las rentas vinculadas a varias cuentas.
Los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
Tras hacerse pública la sentencia, la familia Botín ha informado en un comunicado que el sobreseimiento libre de la causa confirma que en junio de 2011 ya habían realizado una regularización "voluntaria y completa".
Fuente: ABC Economía
Autora: Nati Villanueva
El segundo ejemplo es el Caso Dívar. Comenta Diario Sur (diariosur.es):
La Fiscalía del Tribunal Supremo borró de un plumazo la sombra de sospecha que se cernía sobre el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, después de que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, le denunciase por malversar 13.000 euros en 20 viajes a Marbella en tres años que Dívar cargó al presupuesto del CGPJ.
Después de diez días de investigación, el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, concluyó que la actuación del presidente del CGPJ no revistió responsabilidad penal, ya que no intentó «lucrarse» de esos viajes pese a las «dudas que generan» algunos de ellos, en concreto 12 de los 20, «que tuvieron consideración oficial y luego se vieron prolongados en actividades privadas».
Martín Casallo no entró en el fondo de la denuncia, es decir, indagar si estos viajes eran oficiales y conocer su motivación, a pesar de que duraron al menos cuatro días y siempre coincidían con fines de semana. Para ello, argumentó que el Consejo aprobó en 1996 un reglamento que autoriza los viajes sin tener que justificarlos. Este blindaje, admite Martín Casallo, «no ha contribuido a la investigación», bien porque se han destruido los justificantes bien porque alguno de esos viajes pudo tener carácter reservado.
El fiscal recuerda que Gómez Benítez ya intentó que se incluyera en la justificación del gasto «la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones que motiva el desplazamiento», pero que el pleno del Consejo del 22 de marzo lo rechazó, por lo que entiende «ratificada» la normativa vigente desde 1996. También recordó que la Intervención General «nunca ha puesto reparo a las cuentas justificativas de los viajes» y sobre el coste de la escolta de Dívar señala que compete al Ministerio del Interior.
Denuncia
El vocal denunciante acusó a la Fiscalía de no realizar una investigación efectiva, pues no tomó declaración a los presidentes de los tribunales a los que supuestamente Dívar «iba a ver los fines de semana». Gómez Benítez se mostró convencido de que «más de 30 millones de españoles seguimos pensando que Dívar no ha ido a trabajar a Marbella».
La Mesa del Congreso acordó ayer por unanimidad vetar la comparecencia del presidente del Supremo para que diera cuenta de los viajes a Marbella. El argumento esgrimido fue que no era pertinente al tratarse de un caso bajo investigación, aunque a esa hora ya se conocía el archivo de la Fiscalía. La comparecencia de Carlos Dívar la había solicitado el grupo de la Izquierda Plural.
El Consejo General del Poder Judicial, por otro lado, ha convocado para el jueves de esta semana un pleno extraordinario en el que se debatirá de manera monográfica los viajes del presidente. Una decisión que parece sorprendente, habida cuenta de que ayer los vocales mostraron su apoyo a Dívar.
Fuente: Diario Sur (diariosur.es)
Autor: Mateo Balín
Empecemos por el caso Botín comentado en ABC Economía:
La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares (hijos y un hermano) por un presunto fraude fiscal. El juez Fernando Andreu sostiene que la regularización de su situación ante la Agencia Tributaria ha sido «correcta y veraz». Y se apoya en el artículo 305.4 del Código Penal, que permite las regularizaciones fiscales con anterioridad a la apertura de un expediente por parte del fisco. "La Ley no juzga comportamientos morales ni la aplicación de la excusa cosas está en función de móviles altruistas, que pocas veces estarán presentes en la ratificación, de manera que en los casos límite o dudosos habrá que resolverlos en beneficio del reo", señala el instructor en la resolución.
En junio de 2011, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra la familia Botín tras recibir información de las autoridades francesas sobre españoles con cuentas en el HSBC de Suiza. En base a esa información, las personas físicas a las que se les había realizado requerimiento en el marco de las rentas derivadas de las cuentas bancarias en HSBC Suiza, respondieron de forma diversa: "unas presentaron e ingresaron autoliquidaciones complementarias por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Patrimonio por importe de más de 120.000 euros en distintos períodos impositivo, y otras o no han presentado liquidaciones complementarias, o han negado la titularidad de los fondos".
Emilio Botín fue uno de los requeridos y su actuación se ha resuelto de forma positiva. De la información de la que disponía la Agencia Tributaria se derivaba que no había presentado las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009, en las que se incluían las rentas vinculadas a varias cuentas.
Los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
Tras hacerse pública la sentencia, la familia Botín ha informado en un comunicado que el sobreseimiento libre de la causa confirma que en junio de 2011 ya habían realizado una regularización "voluntaria y completa".
Fuente: ABC Economía
Autora: Nati Villanueva
El segundo ejemplo es el Caso Dívar. Comenta Diario Sur (diariosur.es):
La Fiscalía del Tribunal Supremo borró de un plumazo la sombra de sospecha que se cernía sobre el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, después de que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, le denunciase por malversar 13.000 euros en 20 viajes a Marbella en tres años que Dívar cargó al presupuesto del CGPJ.
Después de diez días de investigación, el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, concluyó que la actuación del presidente del CGPJ no revistió responsabilidad penal, ya que no intentó «lucrarse» de esos viajes pese a las «dudas que generan» algunos de ellos, en concreto 12 de los 20, «que tuvieron consideración oficial y luego se vieron prolongados en actividades privadas».
Martín Casallo no entró en el fondo de la denuncia, es decir, indagar si estos viajes eran oficiales y conocer su motivación, a pesar de que duraron al menos cuatro días y siempre coincidían con fines de semana. Para ello, argumentó que el Consejo aprobó en 1996 un reglamento que autoriza los viajes sin tener que justificarlos. Este blindaje, admite Martín Casallo, «no ha contribuido a la investigación», bien porque se han destruido los justificantes bien porque alguno de esos viajes pudo tener carácter reservado.
El fiscal recuerda que Gómez Benítez ya intentó que se incluyera en la justificación del gasto «la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones que motiva el desplazamiento», pero que el pleno del Consejo del 22 de marzo lo rechazó, por lo que entiende «ratificada» la normativa vigente desde 1996. También recordó que la Intervención General «nunca ha puesto reparo a las cuentas justificativas de los viajes» y sobre el coste de la escolta de Dívar señala que compete al Ministerio del Interior.Denuncia
El vocal denunciante acusó a la Fiscalía de no realizar una investigación efectiva, pues no tomó declaración a los presidentes de los tribunales a los que supuestamente Dívar «iba a ver los fines de semana». Gómez Benítez se mostró convencido de que «más de 30 millones de españoles seguimos pensando que Dívar no ha ido a trabajar a Marbella».
La Mesa del Congreso acordó ayer por unanimidad vetar la comparecencia del presidente del Supremo para que diera cuenta de los viajes a Marbella. El argumento esgrimido fue que no era pertinente al tratarse de un caso bajo investigación, aunque a esa hora ya se conocía el archivo de la Fiscalía. La comparecencia de Carlos Dívar la había solicitado el grupo de la Izquierda Plural.
El Consejo General del Poder Judicial, por otro lado, ha convocado para el jueves de esta semana un pleno extraordinario en el que se debatirá de manera monográfica los viajes del presidente. Una decisión que parece sorprendente, habida cuenta de que ayer los vocales mostraron su apoyo a Dívar.
Fuente: Diario Sur (diariosur.es)
Autor: Mateo Balín
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