Cada vez que tiene lugar un debate sobre la memoria histórica, un tertuliano, naturalmente del PP, tercia en el debate para objetar que la memoria histórica sólo sirve para abrir viejas heridas. Y se queda tan fresco el hijo o nieto de franquistas. Habría que decirles a esos individuos de la derecha que también abre viejas heridas el que el Papa de turno esté constantemente elevando por centenares a los altares a los llamados “mártires de la Cruzada”, monjas y sacerdotes asesinados durante la guerra civil por elementos incontrolables anarquistas. ¿Pero no clama al cielo –nunca mejor dicho- que ningún Papa se haya acordado de los sacerdotes vascos, fusilados por los franquistas durante la contienda? No creo ni en cielos, ni en vírgenes ni en santos ni santas. Por eso me da igual que los Papas nombren santos y santas a religiosos muertos en la terrible guerra civil, desencadenada por el criminal de guerra Francisco Franco, con su banda de traidores a la República, entre los que no debe olvidarse al terrorista Queipo de Llano. Lo que me indigna es el doble rasero de la derecha, ahora refugiada en el PP. Durante 40 años, el régimen asesino estuvo ensalzando a sus caídos, mientras se callaban los caídos del otro bando, también españoles, y, lo que es peor, se seguía matando por orden de Franco, ése a quien los curas llevaban bajo palio como si fuese la hostia.
No sé si la ley de la memoria histórica abrirá viejas heridas, pero lo que sí es cierto es que impedirá el olvido de la España democrática derrotada. Pero ese recuerdo siempre vivo no ha de servir para el revanchismo, sino para pedir justicia. (Ya hemos visto lo que le ha ocurrido al juez Baltasar Garzón en nuestra democrática España de hoy). Y la justicia que se pide no es la condena de personas que ya han muerto o están a punto de dejar este mundo, sino la clara y sincera condena del franquismo. Cierto es que, como recordaba en un debate uno del PP, su partido ha condenado la dictadura en el Parlamento, pero no dice el muy taimado que el PP sólo ha condenado en general a la dictadura, pero no específicamente a la dictadura del general.
Los familiares de los asesinados republicanos tienen perfecto derecho a saber dónde están sus restos mortales, para enterrarlos dignamente. Pero no se está cumpliendo la ley. En ayuntamientos regidos por el PP, los relojes marcan otras horas. Tampoco se está cumpliendo el que desaparezcan de las vías públicas los signos fascistas. He visto muchas iglesias en cuyas fachadas se honra a “los caídos por Dios (¿?) y por España”, presidida la lápida por José Antonio. Preguntado sea de paso: ¿quién mató realmente al jefe de la Falange, dispuesto en Alicante a negociar con el gobierno republicano? ¿A quién benefició esa muerte? He aquí un tema para los historiadores de nuestro reciente pasado.
Cuando pasen las generaciones, la memoria histórica habrá de servir para que en España no vuelva a repetirse lo ocurrido en 1936 y que los españoles sepan convivir entre sí pese a las más diversas ideas.
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