Cuando se hizo público el
nombramiento de D. Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia pensé que
quizás había sido un acierto en relación con sus otros antecesores en el cargo,
algunos de su propio partido en anteriores legislaturas, otros del gobierno del
PSOE, como D. Mariano Fernández Bermejo, de triste memoria, cuya inoperancia
para la resolución de los problemas surgidos en su Ministerio es de todos
conocido, o como D. Francisco Caamaño, que ha llevado su mandato “sin pena ni
gloria”.
Durante su intervención en la
toma de posesión de altos cargos de su departamento, el Sr. Ruiz Gallardón manifestó
que deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura
competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto
"que tenía sentido por razones históricas".
El derecho a tener vacaciones
anuales está reconocido internacionalmente: todo trabajador las disfruta, y si
un empleador no se las otorga, el trabajador puede reclamarlas en vía jurisdiccional,
en la que, casi siempre es un abogado quien le dirige técnicamente el asunto. Sin
embargo, todos los funcionarios de la Administración de Justicia sin excepción,
Jueces y Magistrados incluidos, tienen derecho a sus vacaciones anuales, y se
turnan para poderlas disfrutar. El Sr. Gallardón también las ha disfrutado
siempre, tanto en su corta trayectoria profesional jurídica (era Fiscal, pero
enseguida se dedicó a la actividad política), como en su cometido como
político.
La Abogacía es una profesión
muy peculiar, en la que el cliente que recaba los servicios de un abogado
quiere que sea este abogado y no otro quien le lleve su asunto. Para la mayor
parte de los abogados el cliente no es un mero número de expediente, sino una
persona que le ha confiado a ese profesional en concreto el problema que le
angustia. Es muy difícil la sustitución, máxime en la redacción de escritos y
recursos.
La inhabilidad judicial del mes
de agosto en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes es
hábil para tramitar asuntos laborales y penales, fue un logro desde el año 1973,
debida al sentir general de todos
cuantos actúan en la Administración de Justicia sobre una realidad social a la
que necesariamente se debía ser sensible. Era y sigue siendo público y notorio
que la mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones especialmente en
agosto (el mes más molesto, pero también el más barato) y que citar en ese
período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de
uno de cada diez juicios por incomparecencias. Esa disminución de la actividad
judicial no es, además, exclusiva de España.
La demora en la tramitación de
los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la
inhabilidad del mes de agosto supone un retraso máximo de 20 días, frente al
retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España que lleva a
señalar juicios, no especialmente conflictivos, para 2014 o 2015. Y no digamos
si se trata de un asunto planteado ante el Tribunal Supremo.
Existen otras muchas formas de
reducir dilaciones en los procedimientos judiciales, que van desde la
posibilidad de habilitar las tardes para los Juicios y el trabajo en los Juzgados,
hasta el cumplimiento de los horarios, de los señalamientos y de los plazos
para dictar Sentencias, el aumento de la productividad, la adecuada
informatización de los Tribunales, el aumento del número de Jueces y otros
funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje.
Con motivo del Bicentenario de
la Constitución Española de 1812, los exministros de Justicia Belloch, Acebes,
Michavila y López Aguilar participaron en el X Congreso Nacional de la
Abogacía, presidido por el Presidente del Consejo General de la Abogacía
Español. D. Angel Acebes, Ministro
de Justicia durante el gobierno de Aznar, (o sea de la “cuerda ideológica” del
Sr. Gallardón), tras reconocer los problemas de la Justicia actual,
catalogándolos de "históricos",
criticó el hecho de que muchas de las soluciones que se puedan aportar se realice
“de manera aislada o sin tener en cuenta
el modelo completo, porque meter piezas
aisladas puede provocar que salte la maquinaria". Y habló de la
necesidad de un gran Pacto de Estado
en materia de Justicia, punto éste compartido por el resto de los miembros de
la mesa. En la misma línea, Michavila dijo que para impulsar su
modernización y que las leyes se consigan con acuerdo y consenso deben elaborarse "escuchando a los que saben".
El Sr. Gallardón también dijo
que va a reducir procedimientos, o sea que, como siempre, los encarecerán y
sólo podrán litigar los de mayor poder adquisitivo (indiscutiblemente las
multinacionales y grandes Compañías) y los que carezcan totalmente de recursos
que, en ese caso, pueden acudir al Turno de Oficio. Como siempre la clase media
deberá soportar otro sacrificio: en este caso no poder acudir ante los
Tribunales para ejercitar sus legítimos derechos ante la imposibilidad
económica de soportar los gastos que ello conlleva.
Por cierto, hay quien cree que
los abogados adscritos al Turno de Oficio, están debidamente remunerados como
pueden ser los médicos de la Seguridad Social. Tales profesionales estuvieron
muchísimos años sin recibir compensación económica de ninguna clase. El trabajo
casi siempre es ímprobo y a cambio se recibe una exigua “compensación
económica”, que no justa retribución, al estar muy por bajo de los honorarios
contenidos en los Criterios Orientadores aprobados por los diferentes Colegios
de Abogados.
Lo menos que puede hacer un
Ministro de Justicia cuando toma posesión de su cargo es estudiar a fondo,
aparte de las Leyes y sus antecedentes históricos, los problemas reales de que
adolece la Administración de Justicia, para remediarlos, o intentarlo al menos,
sin improvisaciones. Debería
hacerle caso a su compañero de partido Sr. Acebes y no enfocar el asunto “de
manera aislada” con precipitación y de manera irreflexiva e injusta para un
colectivo que siempre ha sido sensible con los más desfavorecidos, y sobre todo el Sr. Gallardón ha sido desconsiderado
al tomar la palabra en este tema sin tener un contacto previo institucional con
el organismo que representa a los abogados, el Consejo General de la Abogacía
Española. Por favor, Sr. Gallardón, se lo pido por favor, tal como recomendaba su
predecesor en el cargo Sr. Michavila: “escuche a los que saben”.
María
Dolores Moral - Abogado
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