Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de Madrid e íntimo adversario de la
presidenta de la autonomía madrileña,
Esperanza Aguirre, en la actualidad ministro de Justicia en el gabinete
de Mariano Rajoy, ha anunciado sus cambios en profundidad de la Justicia en
España.
El diario Público.es informa sobre la “reforma Gallardón”:
La mayoría de los grupos parlamentarios han rechazado la reforma
del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial anunciada por el
Gobierno, al considerar que permitir que los jueces elijan a 12 de los 20
vocales es una "involución" y un ataque a la soberanía popular.
El primer reproche ha venido desde el portavoz socialista en la Comisión de
Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, que ha acusado a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una absoluta falta de respeto al
Parlamento, al anunciar una reforma "unilateral" del sistema de
elección del Poder Judicial.
En ello ha coincidido el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares,
que ha reprochado a Ruiz-Gallardón que haya comenzado poniéndose al frente del
regeneracionismo y haya terminado al frente de lo que ha calificado de
"restauración", anunciando medidas de "populismo penal"
como la prisión permanente revisable y olvidando la corrupción. Así, ha
considerado que la fórmula del PP para la elección del CGPJ no es una solución,
sino una "involución".
"La solución del Gobierno al desgobierno de la Justicia es la de Juan
Palomo: 'yo me lo guiso, yo me lo como', ha dicho el diputado de Izquierda
Unida, que ha bromeado al mostrar su esperanza en que después se permita a los
médicos gobernar la sanidad.
IU ve una "involución en la reforma y el PNV la tilda de
inconstitucional"
Tanto el PSOE como la Izquierda Plural han destacado que muchas de las
propuestas anunciadas por Gallardón ya estaban encima de la mesa, algo que
también ha puesto de manifiesto el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, quien
además ha asegurado que la reforma anunciada del CGPJ era la peor de los
sistemas posibles y que se trata de una propuesta "inconstitucional",
pues la Constitución establece que la "Justicia emana del pueblo".
Por su parte, Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia, ha mostrado al
ministro su disposición a colaborar en el camino hacia la independencia
judicial y conseguir la despolitización, mientras que desde Convergencia I
Unió, Mercé Pigem, ha aconsejado al Gobierno que no caiga en un "afán
legislativo" y que ponga ya en marcha los Consejos de Justicia
Autonómicos, previstos en el Estatuto de Catalunya, para conseguir un mayor
acercamiento y desconcentración del Poder Judicial.
Uxue Barcos, de Geroa Bai, ha coincidido con otros portavoces en el
diagnóstico de los problemas del Poder Judicial, al señalar que ha sido la
falta de acuerdo entre los partidos la que ha provocado la situación
de desprestigio.
Por último, el portavoz del PP, José Miguel Castillo, ha defendido las
medidas anunciadas por Gallardón y el clima de diálogo que pretenden que impere
durante esta legislatura porque -ha reiterado- "la Justicia es cosa de
todos".
Desde la Justicia
La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se
ha mostrado a favor del cambio, porque contribuirá a
"despolitizar" la Justicia. También ha mostrado su satisfacción por
la decisión del Gobierno de "tipificar el despilfarro público" y de
recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de
Autonomía.
El presidente del TC apoya la reforma y la defensora del
pueblo también está "encantada"
Respecto a la reforma de la ley de los miembros del CGPJ- designados hasta
ahora por las Cortes- la defensora opina que es "una idea magnífica porque
en estos momentos, por desgracia, la justicia está politizada;
por lo menos, eso es lo que olfatea el ciudadano medio" que es -ha dicho-
al que atiende la institución. Así, opina que se debería volver al sistema
anterior a la reforma de 1985.
La responsable de esta institución ha reconocido sentirse
"encantada" de que el actual Gobierno haya tenido en cuenta su
propuesta de sancionar penalmente a los responsables de las administraciones
que despilfarran el dinero de los ciudadanos, ya que al exponérselo al anterior
ministro de Justicia este le contestó de una forma que no le pareció apropiada.
También se ha mostrado favorable a la reforma el presidente del Tribunal
Constitucional (TC), Pascual Sala, que coincide con el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en que la Justicia "no debe
politizarse" y sobre la reforma para la elección de los jueces ha dicho
que desconoce los detalles, pues, depende de los "criterios" que se
apliquen.
Sala, que ha rehusado opinar sobre el segundo juicio a Garzón, ha hecho
estas consideraciones antes de ofrecer en la Facultad de Derecho de Toledo una
conferencia sobre derechos humanos para postgraduados de países
iberoamericanos."
Fuente: Público.es
Aunque los cambios
anunciados por Gallardón pueden ser discutibles, hay un punto con el que
estoy de acuerdo: que los padres tienen que firmar su conformidad o no
conformidad con el aborto en el caso de hijas menores. Esta reforma reinstaura la ley vigente desde los años 80 (la de los tres
supuestos) derogada por el Gobierno de Zapatero en la pasada legislatura