Después de la decisión de Bruselas de rescatar el sistema bancario español, nosotros también hemos “rescatado” de la red un artículo aparecido hace 6 días en la prensa. En él el autor comenta, de forma muy explicativa, los antecedentes que nos han llevado a la angustiosa situación de nuestro sector financiero. También se pronuncia sobre el posible nombramiento de una comisión parlamentaria para que investigue algunas de las controvertidas actuaciones y aclara si se pueden depurar responsabilidades por la mala gestión de algunos bancos y cajas de ahorro, que ha culminado con la debacle de Bankia. Dice así:
La hora del juicio. ¿final? a la Banca
Es lo más parecido a un juicio sumarísimo que se recuerda en la política española. UPyD registró esta semana una iniciativa por la que solicitaba la comparecencia ante una subcomisión parlamentaria de todos los responsables gubernamentales y de órganos supervisores que han tenido alguna competencia en la regulación del sector financiero en las cinco últimas legislaturas. En la lista, Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, máximos responsables del área económica del Gobierno en los últimos 15 años; el exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez; su inmediato predecesor, Jaime Caruana; y los dos últimos subgobernadores, Javier Aríztegui y José Viñals; así como los administradores de todas las cajas de ahorros que han tenido que ser intervenidas por el Estado.
El objetivo: investigar las responsabilidades civiles, patrimoniales o penales que se puedan derivar de la actuación de los administradores de las entidades rescatadas por el erario público y también de las autoridades con competencias en el desarrollo del proceso, sin olvidar el campo político. De hecho, en dicha iniciativa se incluía la comparecencia de otros siete altos cargos más, entre ellos, el actual presidente de la CNMV, Julio Segura; y su antecesor, Manuel Conthe, para explicar el controvertido episodio de las participaciones preferentes que numerosas entidades financieras han colocado de forma poco clara entre sus clientes.
Estaríamos así ante el posible -aunque poco probable, dado el previsible rechazo de PP y PSOE- juicio parlamentario a toda una generación de la política económica española, una investigación para determinar que ocurrió en ese periodo que comenzó como el llamado 'milagro' español para tornar luego en pesadilla. En cualquier caso, la depuración de responsabilidades por los años de la 'burbuja' ya ha comenzado, y no parece que se pueda detener.
Existe una máxima en el mundo de los negocios que sostiene que «cuando el negocio es grande, el crecimiento y el beneficio esconden una multitud de pecados». Y esa parece haber pasado en las cajas de ahorros. Bajo una apariencia de solvencia, se ocultaban actuaciones arbitrarias y de escasa rentabilidad económica, cuando no directamente irregulares.
Paradójicamente, ninguno de esos motivos desencadenó la primera intervención de una entidad por parte del Banco de España en esta crisis, la de Caja Castilla-La Mancha, sino la «excepcional gravedad» de su situación financiera. Solo se actuó cuando Unicaja dio por rotas las negociaciones para su fusión con ella, y fue poco después cuando los inspectores constataron irregularidades en la política de préstamos de la entidad y en su misma gestión, como la subida salarial del 91% que se asignaron los miembros del consejo entre 2004 y 2007 y que es hoy objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
La CAM es, por ahora, la otra entidad objeto de un proceso judicial -a los juzgados de Madrid ha llegado también una denuncia por el 'caso Bankia', pero aún no se ha resuelto si prosperará-. En tela de juicio las indemnizaciones millonarias que se asignaron los miembros de Consejo antes de la intervención del Banco de España, a mediados de 2011, y también la venta de cuotas participativas y preferentes.
Es probable que no sean las únicas entidades cuyos administradores pudieran sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Anticorrupción está investigando las indemnizaciones percibidas por el consejo de Novacaixagalicia, así como posibles irregularidades contables; y también ha iniciado diligencias para investigar una denuncia de IU sobre las indemnizaciones a los consejeros de Caja España, Segovia, Duero, Burgos y Ávila. Eso que se sepa de momento.
La proliferación de este tipo de casos ha generado un estado de alarma social que ha obligado a intervenir a la Fiscalía General del Estado. Esta ha ordenado que se rastreen «todas» las posibles implicaciones penales de estos premios autoasignados por los ejecutivos de las cajas, así como eventuales irregularidades en su gestión.
¿Y los reguladores?
Durante tres lustros, la aparente solidez de los balances de las cajas y la ausencia de acciones correctoras por parte de las autoridades evitaron que los ciudadanos se hicieran preguntas sobre cómo demonios una pequeña entidad comarcal a la que agradecían haber pagado el frontón del pueblo, financiaba ahora lujosas promociones de chalés en la Costa del Sol. Quizá por eso cuando empezaron a temer por la seguridad de sus ahorros volvieron la mirada hacia las autoridades. Pero, ¿qué habían vigilado éstas todos esos años?
El Banco de España, como supervisor al que corresponde velar por la estabilidad del sector financiero, ha sido el principal objetivo de las críticas. Se le achaca, sobre todo, no haber contenido el crecimiento desmesurado del crédito hipotecario y no haber detectado la ruinosa situación patrimonial de algunas entidades.
"A toro pasado se puede decir que infravaloró el riesgo y que debería haber exigido más provisiones específicas a las entidades después, por ejemplo, de que el crédito hipotecario creciera un 50% en 2006", pondera Joaquín Maudos, investigador del IVIE. "Pero también hay que decir -añade- que en no pocas ocasiones advirtió de los efectos negativos del crecimiento del crédito".
La carta remitida por los inspectores del Banco de España a Mariano Rajoy, solicitando el cese urgente del gobernador y pidiendo que una comisión parlamentaria investigue las actuaciones del regulador, ha abierto el debate sobre los efectos que las injerencias políticas han podido tener en la actuaciones del órgano. «No creo que el problema haya sido la falta de profesionalidad de los inspectores, que son grandes profesionales, muy preparados y muy rigurosos en su trabajo, pero otra cosa es la política», recalca Carmen Arasa, catedrática de la UNED y experta en política financiera. «El Banco de España se ha politizado y sus directrices parecen más guiadas por ese tipo de criterios y no los económico-financieros», sentencia.
Entonces, ¿ha faltado el Banco de España a sus obligaciones? ¿Se le podría exigir alguna responsabilidad? «Por supuesto que sí», responde a la segunda pregunta Juan Ignacio Navas, del Bufete Navas & Cusí. «Se podría apelar a la 'culpa in vigilando' en el caso de que hubiera incurrido
en una actuación negligente con grave perjuicio para los ahorradores o los inversionistas». Aunque reconoce que «es difícil de demostrar, pues tendría que estar muy claro que ha habido dejación de funciones».
¿Y qué ha hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)? 'Hazte bankero', con este eslogan las más de 3.000 sucursales de Bankia animaban en julio de 2011 a clientes y pequeños inversores a hacerse accionistas suyos «por solo 1.000 euros». La campaña fue un éxito y se colocaron el 60% de los 3.100 millones de euros emitidos entre aquellos. Pero la inversión ha tornado en fracaso y, desde entonces, los títulos han perdido un 71% de su valor: esos 1.000 euros ahora valen 300.
La hora del juicio. ¿final? a la Banca
Es lo más parecido a un juicio sumarísimo que se recuerda en la política española. UPyD registró esta semana una iniciativa por la que solicitaba la comparecencia ante una subcomisión parlamentaria de todos los responsables gubernamentales y de órganos supervisores que han tenido alguna competencia en la regulación del sector financiero en las cinco últimas legislaturas. En la lista, Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, máximos responsables del área económica del Gobierno en los últimos 15 años; el exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez; su inmediato predecesor, Jaime Caruana; y los dos últimos subgobernadores, Javier Aríztegui y José Viñals; así como los administradores de todas las cajas de ahorros que han tenido que ser intervenidas por el Estado.
El objetivo: investigar las responsabilidades civiles, patrimoniales o penales que se puedan derivar de la actuación de los administradores de las entidades rescatadas por el erario público y también de las autoridades con competencias en el desarrollo del proceso, sin olvidar el campo político. De hecho, en dicha iniciativa se incluía la comparecencia de otros siete altos cargos más, entre ellos, el actual presidente de la CNMV, Julio Segura; y su antecesor, Manuel Conthe, para explicar el controvertido episodio de las participaciones preferentes que numerosas entidades financieras han colocado de forma poco clara entre sus clientes.
Estaríamos así ante el posible -aunque poco probable, dado el previsible rechazo de PP y PSOE- juicio parlamentario a toda una generación de la política económica española, una investigación para determinar que ocurrió en ese periodo que comenzó como el llamado 'milagro' español para tornar luego en pesadilla. En cualquier caso, la depuración de responsabilidades por los años de la 'burbuja' ya ha comenzado, y no parece que se pueda detener.
Existe una máxima en el mundo de los negocios que sostiene que «cuando el negocio es grande, el crecimiento y el beneficio esconden una multitud de pecados». Y esa parece haber pasado en las cajas de ahorros. Bajo una apariencia de solvencia, se ocultaban actuaciones arbitrarias y de escasa rentabilidad económica, cuando no directamente irregulares.
Paradójicamente, ninguno de esos motivos desencadenó la primera intervención de una entidad por parte del Banco de España en esta crisis, la de Caja Castilla-La Mancha, sino la «excepcional gravedad» de su situación financiera. Solo se actuó cuando Unicaja dio por rotas las negociaciones para su fusión con ella, y fue poco después cuando los inspectores constataron irregularidades en la política de préstamos de la entidad y en su misma gestión, como la subida salarial del 91% que se asignaron los miembros del consejo entre 2004 y 2007 y que es hoy objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
La CAM es, por ahora, la otra entidad objeto de un proceso judicial -a los juzgados de Madrid ha llegado también una denuncia por el 'caso Bankia', pero aún no se ha resuelto si prosperará-. En tela de juicio las indemnizaciones millonarias que se asignaron los miembros de Consejo antes de la intervención del Banco de España, a mediados de 2011, y también la venta de cuotas participativas y preferentes.
Es probable que no sean las únicas entidades cuyos administradores pudieran sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Anticorrupción está investigando las indemnizaciones percibidas por el consejo de Novacaixagalicia, así como posibles irregularidades contables; y también ha iniciado diligencias para investigar una denuncia de IU sobre las indemnizaciones a los consejeros de Caja España, Segovia, Duero, Burgos y Ávila. Eso que se sepa de momento.
La proliferación de este tipo de casos ha generado un estado de alarma social que ha obligado a intervenir a la Fiscalía General del Estado. Esta ha ordenado que se rastreen «todas» las posibles implicaciones penales de estos premios autoasignados por los ejecutivos de las cajas, así como eventuales irregularidades en su gestión.
¿Y los reguladores?
Durante tres lustros, la aparente solidez de los balances de las cajas y la ausencia de acciones correctoras por parte de las autoridades evitaron que los ciudadanos se hicieran preguntas sobre cómo demonios una pequeña entidad comarcal a la que agradecían haber pagado el frontón del pueblo, financiaba ahora lujosas promociones de chalés en la Costa del Sol. Quizá por eso cuando empezaron a temer por la seguridad de sus ahorros volvieron la mirada hacia las autoridades. Pero, ¿qué habían vigilado éstas todos esos años?
El Banco de España, como supervisor al que corresponde velar por la estabilidad del sector financiero, ha sido el principal objetivo de las críticas. Se le achaca, sobre todo, no haber contenido el crecimiento desmesurado del crédito hipotecario y no haber detectado la ruinosa situación patrimonial de algunas entidades.
"A toro pasado se puede decir que infravaloró el riesgo y que debería haber exigido más provisiones específicas a las entidades después, por ejemplo, de que el crédito hipotecario creciera un 50% en 2006", pondera Joaquín Maudos, investigador del IVIE. "Pero también hay que decir -añade- que en no pocas ocasiones advirtió de los efectos negativos del crecimiento del crédito".La carta remitida por los inspectores del Banco de España a Mariano Rajoy, solicitando el cese urgente del gobernador y pidiendo que una comisión parlamentaria investigue las actuaciones del regulador, ha abierto el debate sobre los efectos que las injerencias políticas han podido tener en la actuaciones del órgano. «No creo que el problema haya sido la falta de profesionalidad de los inspectores, que son grandes profesionales, muy preparados y muy rigurosos en su trabajo, pero otra cosa es la política», recalca Carmen Arasa, catedrática de la UNED y experta en política financiera. «El Banco de España se ha politizado y sus directrices parecen más guiadas por ese tipo de criterios y no los económico-financieros», sentencia.
Entonces, ¿ha faltado el Banco de España a sus obligaciones? ¿Se le podría exigir alguna responsabilidad? «Por supuesto que sí», responde a la segunda pregunta Juan Ignacio Navas, del Bufete Navas & Cusí. «Se podría apelar a la 'culpa in vigilando' en el caso de que hubiera incurrido
en una actuación negligente con grave perjuicio para los ahorradores o los inversionistas». Aunque reconoce que «es difícil de demostrar, pues tendría que estar muy claro que ha habido dejación de funciones».
¿Y qué ha hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)? 'Hazte bankero', con este eslogan las más de 3.000 sucursales de Bankia animaban en julio de 2011 a clientes y pequeños inversores a hacerse accionistas suyos «por solo 1.000 euros». La campaña fue un éxito y se colocaron el 60% de los 3.100 millones de euros emitidos entre aquellos. Pero la inversión ha tornado en fracaso y, desde entonces, los títulos han perdido un 71% de su valor: esos 1.000 euros ahora valen 300. La nacionalización de la entidad y la posterior modificación de su balance de 2011 han alimentado las dudas sobre si Bankia cumplía realmente los requisitos para salir al mercado, desencadenando distintas reclamaciones jurídicas por parte de asociaciones de pequeños accionistas. La entidad, por su parte, alega que el folleto detallaba ampliamente los riesgos de la inversión.
Pero para Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho Bancario, del caso se podrían derivar incluso responsabilidades para la CNMV. «Permitió la salida a Bolsa de Bankia sin haber cumplimentado toda la información requerida y no suspendió cuando debía su cotización, lo que se ha traducido en pérdidas patrimoniales para los inversores». Suena a indemnizaciones y pueden no ser las únicas...; el fiasco de las preferentes ya ha empezado a estallar.
Fuente: Las Provincias
Autor: Bruno Pérez
Pero para Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho Bancario, del caso se podrían derivar incluso responsabilidades para la CNMV. «Permitió la salida a Bolsa de Bankia sin haber cumplimentado toda la información requerida y no suspendió cuando debía su cotización, lo que se ha traducido en pérdidas patrimoniales para los inversores». Suena a indemnizaciones y pueden no ser las únicas...; el fiasco de las preferentes ya ha empezado a estallar.
Fuente: Las Provincias
Autor: Bruno Pérez
ola k ase
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