La memoria histórica

Soy partidario de la llamada memoria histórica, que no abrirá viejas heridas, como se oye desde determinados sectores (entre los que se hallan jueces), cuyos abuelos fueron precisamente los causantes de dichas heridas. Los abuelos de quienes rechazan la ley de memoria histórica han tenido 40 años a su total disposición para escribir la historia a su manera y justificar sus criminales actos, sin permitir que nadie en España pudiese publicar nada que divergiese de su versión de los hechos. Los españoles de mi generación y de la anterior tuvieron que recurrir a la editorial parisina “Ruedo Ibérico” para enterarse de la auténtica historia sangrienta de la guerra civil (1936-1939) y de la terrible posguerra y dictadura que vivieron los españoles bajo el brutal dictador Franco.

No es prevaricación si un juez instructor (no perteneciente a la derecha) quiere abrir la causa contra el principal culpable, el criminal de guerra Franco, investigar los crímenes del franquismo y ordenar que los familiares que lo deseen hallen todo el apoyo de las autoridades para encontrar y exhumar los restos mortales de sus seres queridos asesinados. Por supuesto, ya no se puede sentar en el banquillo de los acusados a aquellos felones, como Mola, Franco, Queipo de Llano y Yagüe. Sería un juicio simbólico post mortem que definitivamente tendría que cerrrar aquel siniestro capítulo de nuestra trágica Historia, como fue la contienda fratricida y la dictadura. Así, sí que se podría por fin decir que en España no hay ni vencedores ni vencidos, que todos somos ciudadanos acogidos a una Constitución, que alguno de esos personajes de la derecha no votó en su día, pero que ahora se acogen a la democracia, que en boca de Cospedal (PP) suena más a PPcracia. También tendría que ser, por lo tanto, posible que un juez ordene que se asiente legalmente el deber de todas las autoridades de suprimir todos los símbolos fascistas del anterior régimen de plazas, calles, paseos, fachadas de iglesias y en los edificios públicos. Esto no es revanchismo, sería una prueba de la auténtica voluntad de convivencia democrática también por parte de la derecha.

En la democracia española, firmemente asentada sobre la Corona, no debe haber españoles de primera y de segunda. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a nuestras ideas políticas. La memoria histórica facilitaría mucho que, por encima de las distintas ideologías, se imponga como común denominador el presente de libertad y de derechos humanos en que vivimos. Esto también debieran tenerlo en cuenta algunos jueces.