En uno de mis comentarios escribí que al PP, una vez en el poder, querrá desplegar su soterrado talante totalitario, apoderándose de todos los instrumentos sociales, en primera línea las codiciadas radio y televisión públicas. Es una especie de paranoia del poder.
El pasado miércoles, el Consejo de Administración de RTVE aprobó, con los votos del PP, IU y CiU, una resolución, iniciativa presentada por la consejera Rosario López Miralles (PP), según la cual en el futuro los contenidos de los informativos y demás informaciones tendrían que ser sometidos antes de su emisión al Consejo.
La resolución despertó inmediatamente a los periodistas de RTVE, a la Asociación de Periodistas de España y a un gran sector de la sociedad española, movilizada por las redes sociales, que protestaron por lo que era censura previa, prohibida por la Constitución. Extrañeza aún no aclarada causó la abstención del PSOE en la nefasta votación.
Entretanto, ante el escándalo organizado en nombre del PP y en vista a las elecciones del 20 de noviembre, el PP (y el PSOE) obligaron a sus consejeros en RTVE a revocar el “acuerdo sobre la censura previa”, cosa que sucedió el pasado jueves, pero sólo se registró una dimisión: la del consejero de CCOO, Óscar Marávall. Los consejeros peperos, dirigidos por Rosario López habían aprovechado el vacío en la cúspide de RTVE desde la dimisión del Director General, Oliart, este verano.
Rajoy (el tiro por la culata) y el candidato socialista, Rubalcaba han celebrado la rectificación y reiterado su fuerte deseo por una radio y televisión públicas en las que predomine la libertad, ecuanimidad y neutralidad informativas. Que no se repitan más los tiempos de un Urdaci. La libertad de prensa, sobre todo por lo que respecta a la radio y televisión públicas es esencial para el funcionamiento de una democracia. Por eso se considera a los medios de comunicación como el cuarto poder.
El pasado miércoles, el Consejo de Administración de RTVE aprobó, con los votos del PP, IU y CiU, una resolución, iniciativa presentada por la consejera Rosario López Miralles (PP), según la cual en el futuro los contenidos de los informativos y demás informaciones tendrían que ser sometidos antes de su emisión al Consejo.
La resolución despertó inmediatamente a los periodistas de RTVE, a la Asociación de Periodistas de España y a un gran sector de la sociedad española, movilizada por las redes sociales, que protestaron por lo que era censura previa, prohibida por la Constitución. Extrañeza aún no aclarada causó la abstención del PSOE en la nefasta votación.
Entretanto, ante el escándalo organizado en nombre del PP y en vista a las elecciones del 20 de noviembre, el PP (y el PSOE) obligaron a sus consejeros en RTVE a revocar el “acuerdo sobre la censura previa”, cosa que sucedió el pasado jueves, pero sólo se registró una dimisión: la del consejero de CCOO, Óscar Marávall. Los consejeros peperos, dirigidos por Rosario López habían aprovechado el vacío en la cúspide de RTVE desde la dimisión del Director General, Oliart, este verano.
Rajoy (el tiro por la culata) y el candidato socialista, Rubalcaba han celebrado la rectificación y reiterado su fuerte deseo por una radio y televisión públicas en las que predomine la libertad, ecuanimidad y neutralidad informativas. Que no se repitan más los tiempos de un Urdaci. La libertad de prensa, sobre todo por lo que respecta a la radio y televisión públicas es esencial para el funcionamiento de una democracia. Por eso se considera a los medios de comunicación como el cuarto poder.
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