Meses antes de que la gente le aplaudiese por la calle tras abrir una causa al yerno del Rey, el juez José Castro salió del anonimato con un durísimo auto contra Jaume Matas. Eran los primeros coletazos del 'caso Palma Arena' y el instructor le dio tal repaso al ex presidente de Baleares que quedó para los anales de la historia judicial.
«Está claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales. Con mucha frecuencia empleaba la expresión, rayana en la divinidad, de 'hágase' para aludir a la manifestación de su voluntad política. Las reuniones que mantenía con su testaferro eran kafkianas».
Estas y otras 'perlas' las incluyó el juez en el auto de prisión contra el ex ministro del PP. Era marzo de 2010 y la corrupción ya afloraba en la isla. Tras 15 horas de interrogatorio, en el que «Matas se limitaba a manifestar que nada tenía que decir o contestando con la referencia de que su cargo no le permitía entrar en menudencias», Castro le impuso una fianza de tres millones para eludir la cárcel. Éste, cariacontecido, se quejó del trato recibido, pero su grito se lo llevó el viento.
Entonces, se armó un enorme revuelo sobre si el juez se había pasado de la raya o si tenía fijación en el acusado o en los políticos corruptos en general.
Esta resolución viene a colación por la polvareda que ha levantado el juez Santiago Pedraz por su auto de archivo a los promotores del 25. Su mención a la "decadencia de la clase política" para explicar el derecho de los indignados a manifestarse no es un caso aislado en un escrito judicial.
Otros togados ya emitieron juicio de valor sobre política, religión o violencia de género. A algunos, incluso, les costó la carrera porque su opinión vino acompañada de una prevaricación de libro.
Estos fueron los casos de Ferrín Calamita y Francisco Serrano. Dos jueces de familia que llevaron a la práctica su conservadurismo por encima de las leyes. El primero llegó a señalar en un auto sobre el caso de una pareja de mujeres que quería adoptar que «la madre tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja».
Violencia y lenguaje
En el municipio de Chiclana (Cádiz), el juez Julio Serrano obligó a una presunta víctima de malos tratos a abandonar su piso para dejárselo a su esposo «porque su situación económica le impide pagar una hipoteca». Asimismo, el titular de un juzgado de la localidad barcelonesa de Manresa dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque «delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios».
Sobre el uso del lenguaje, hace unos días el titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de Lleida, José María Magán, criticó a letrados que representan a la Generalitat porque usar el catalán ante los tribunales es «una deliberada falta de respeto y de mínima educación». La sentencia también afirma que la Generalitat es una simple «administración regional española». Y todo para dar la razón a un conductor madrileño que recurrió una multa de tráfico.
Otro juez de Barcelona calificó de «absurdo» en un fallo que la Guardia Urbana ordenase retirar puntos del carnet a un ciclista sancionado por cruzar un semáforo en rojo en bicicleta.
Y el colofón lo puso el juez Álvaro Gaspar Pardo, del juzgado de primera instancia de Santa Cruz, que ha escrito, literalmente, sentencias en prosa poética. En el caso de la custodia de una niña llamada Amanda tomó como base una canción del cantautor chileno Víctor Jara, llamada 'Te recuerdo Amanda', y más recientemente prohibió al denunciado en un caso de derecho al honor que empleara el diminutivo 'don Pepito' para referirse a un empresario que se llama José.
Antes hubo otros precedentes de menciones a políticos, pero en artículos de prensa. En 2003, en pleno conflicto en Irak, Baltasar Garzón dijo que "a veces me da la sensación de que no tenemos políticos, sino muros de piedra", para referirse al rechazo popular a la guerra. Y en 2006 el Supremo le quitó una multa al juez Joaquín Navarro, ya fallecido, que replicó unas polémicas declaraciones de Aznar sobre la nueva Ley del Menor al asegurar que «esa afirmación es propia de un terrorista, de alguien que no tiene ni idea de derecho".
Fuente: El Diario Montañés
Autor: MATEO BALÍN
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