Después del aplazamiento de la semana pasada "por ajustes técnicos", el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ante las numerosas protestas de la ciudadanía, el Ministerio del Interior ha modificado el primer borrador, rebajando las infracciones consideradas “muy graves”.
Sin embargo, sus detractores opinan que con esta nueva ley desaparece claramente el control judicial para acabar en el gubernativo y, con ello, la posibilidad de imponer sanciones administrativas sin la tutela judicial. Las sanciones administrativas que plantea el borrador se recurren por la vía contencioso-administrativa judicial. Y esto acarrea el pago de unas tasas judiciales, lo que vulneraría el derecho de los ciudadanos de poder acceder a una tutela judicial efectiva.
Según declaraciones del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, la Ley de Seguridad Ciudadana, sumada a las nuevas tasas judiciales, generará "indefensiones a barullos". "Ponemos cantidades tremendas y luego le aplicamos las tasas", dijo, aludiendo así a la alta cuantía de las multas previstas en la nueva ley.
Pero éste es sólo uno de los aspectos que subrayan sus numerosos críticos. Según ellos, la polémica ley les recuerda la rígida ley de la dictadura. Sindicatos policiales, círculos jurídicos, los sindicatos, el PSOE y demás partidos del arco parlamentario rechazan las nuevas disposiciones del Ministerio de Interior, que según el Gobierno tienen como objetivo mantener el orden público, proteger a la policía, regular las huelgas y defender al Congreso y otras instituciones.
Sindicatos de la policía, como el SUP (Sindicato Unificado de la Policía), señalan que los agentes de seguridad del Estado están ya suficientemente protegidos, no siendo precisa una legislación especial para ellos. En medios jurídicos se afirma mayoritariamente que el Congreso y demás instituciones no precisan de una dura ley contra manifestantes. Aquí se podría señalar que en Alemania, en torno al Bundestag (Parlamento Federal) y demás parlamentos federales, existe una “milla de acceso prohibido” (Bannmeile), que los manifestantes no pueden traspasar sin severas sanciones.
El PSOE, en la oposición, califica la ley de no democrática, dirigida contra los ciudadanos que hagan uso de su derecho a manifestarse, crítica que también comparten los demás partidos minoritarios de izquierda y centro- izquierda. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) rechazan la ley por considerar que está dirigida contra el derecho constitucional a la huelga. ¿Cuándo va Rajoy a recrear el tristemente célebre TOP, Tribunal del Orden Público del régimen anterior?
La sombra del Caudillo aún planea sobre el presidente del Gobierno y demás miembros de su gabinete.
Ver también:
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Policia-manifestantes-Genova-Plaza-Castilla_0_1708350624.html
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