lunes, 5 de mayo de 2014

Leído en la Prensa: Con 104 años, a la calle


Inocencia Zofío nació el 1 de mayo de 1910. “A las cuatro de la tarde”, añade la protagonista. Desde el año 1942 vive de alquiler en el cuarto piso del número 9 de la calle Bailén, frente al Palacio Real. “Pago cinco mil pesetas”. 51 euros más luz y agua, para ser exactos, por un piso de 170 metros cuadrados desde el que se disfruta de unas vistas privilegiadas. El propietario de este edificio en el que viven cinco familias con una media de edad de 80 años murió hace ocho años y no dejó herederos. El inmueble ahora pertenece al ministerio de Hacienda y no hay tregua: o lo compran entre todos por 3 millones de euros o lo abandonan antes del 11 de mayo.

El matrimonio formado por Miguel Sanclemente, aparejador del Palacio Real que murió hace once años, e Inocencia, vive en este barrio de Madrid desde los años 40. Él trabajó toda su vida cruzando la calle, en el Palacio Real. Era aparejador. Ella, una mujer que con casi 104 años lee el periódico todos los días y se pinta las uñas de rojo pasión, fue taquimecanógrafa en una editorial.

Inocencia posee una mente privilegiada para su edad. Si se lo pides, todavía se atreve a garabatear en un cuaderno una frase en signos taquigráficos sin que le cueste mucho esfuerzo. Las líneas curvas y cerradas le salen solas. “¿Qué quieres que te ponga?”, pregunta, sin perder ni un segundo la sonrisa. Sabe de memoria las escaleras que sube a diario hasta el cuarto piso del que ahora la quieren echar. “Cien escalones y no, no me canso”. Pero parece que su mente se cierra cuando se le habla del futuro, del qué pasará después del 11 de mayo. “Ah, yo me quedo aquí. ¿Dónde voy a ir? He vivido aquí siempre”. 

La agonía para esta anciana comenzó hace cinco años, cuando recibió la primera notificación de que el edificio pertenecía al Estado y que tenían que abandonarlo porque tenían que reformarlo. Inocencia vive con una de sus hijas, Beatriz, la verdadera protagonista de este calvario. “No pudimos comprar el edificio por la millonaria oferta que nos hicieron, y como no tenemos posibilidad económica ni técnica, han decidido desahuciarnos”. 

Beatriz e Inocencia viven con una doble pensión que recibe la anciana: entre viudedad y orfandad, los ingresos de la familia ascienden a los 1.200 euros. Otra de las hijas, María Jesús, lleva días buceando por Internet para encontrar el nuevo hogar donde su madre pasará lo que le queda de vida. “Es que como la saquemos de aquí la matamos”, cuenta, con la voz muy baja, para que no la oiga su madre. Una vivienda similar en el barrio supera los 1.500 euros al mes de alquiler, “así que la tendremos que cambiar de zona”, se resigna mientras recuerda cómo ella y sus hermanos más, Miguel Ángel, Beatriz, Cristina y Mercedes nacieron entre esas paredes.
 
La propia Inocencia mandó antes de ayer una carta escrita de su puño y letra a Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, en la que le comunica que “no me voy a ir. Yo no tengo fuerzas para ello, y si usted no puede hacer nada para evitarlo, esperaré a mirar a los ojos de los guardias que me envíe para que ejecuten una sentencia que, no sé si técnicamente será correcta, pero humanamente les llena de infamia”.

Fuente: El Confidencial (elconfidencial.es)
Autora: Ana I. Gracia




CARTA DE INOCENCIA ZOFIO AL MINISTRO DE JUSTICIA
 
 
Excmo. Sr. Ministro de Justicia

Sr. Ministro:
Mi nombre es Inocencia Zofio Cajal, Tengo 103 años y vivo en el nº 9 de la calle Bailén, cuarto piso, de Madrid en compañía de una hija pensionista que me cuida.

El Motivo de mi atrevimiento en enviarle estas líneas es la situación de miedo e indefensión en la que me encuentro tras la resolución, a mi parecer inconcebible, de un juez que ha decidido echarnos a la calle a mi hija y a mí y a otros vecinos octogenarios y también con pequeñas pensiones.

Nuestro único delito para que se haya dictado ésta resolución fue la de alquilar un piso hace más de setenta años a una persona, que al morir hace ocho años, no dejó herederos y que por lo tanto toda la casa donde habitamos, pasó a manos del Ministerio de Hacienda quien ha visto, al parecer, que unos jubilados no son lo suficientemente interesantes para hacer negocio ya que no pudimos comprar el edificio por la millonaria oferta que nos hicieron y que aliado a los mecanismos de una justicia contra la que los ciudadanos no tenemos posibilidad ni económica ni técnica de enfrentarnos, han decidido desahuciarnos.

Sr Ministro, a pesar de estar a la espera de una vista en la Audiencia Nacional, el juez D. Jesús Antonio Broto Cartagena ha decidido adelantarse a la sentencia y nos ha condenado a salir de nuestras casas en el plazo de treinta días y además a abonar una cuantiosa multa inalcanzable para nuestros pequeños ingresos de pensionistas.

Ante todo esto yo le comunico que no me voy a ir. Ya no tengo fuerzas para ello y si Vd. no puede hacer nada para evitarlo, esperaré a mirar a los ojos de los guardias que me envíe para que ejecuten una sentencia que no se si técnicamente será correcta pero que humanamente les llena de infamia.

 

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