Mariano Rajoy se está luciendo con sus ministros, que parecen seleccionados de lo más reaccionario en la derecha española. Después del disparate de la Ley de Educación de Wert nos viene ahora otro nostálgico de la mano dura con una engañosa Ley titulada “De defensa del ciudadano”, elaborada por otro personaje desconocido hasta ahora, el ministro de Interior, Jorge Fernández Día.
En primer lugar hay que situar la pregunta de conductores de debates en las televisiones no sometidas al control (¿censura?) del Gobierno del PP. ¿A quién protege realmente la ley de marras? La respuesta más frecuente que oímos es no a los menos privilegiados, sino a los ricos en sus suntuosas mansiones o en lujosos chalés con macropiscinas, edificados en terrenos en los que cabrían cuatro cinco campos de fútbol. Como tienen dinero se pagan guardaespaldas y por las calles de sus urbanizaciones patrulla constantemente la policía. ¿Quién protege a la anciana que sufre el tirón, se cae y se rompe la cadera? De ser cierto, y no lo dudo que es, lo que informa la 6, hay pacientes que esperan más de un año para ser operados, a no ser que dispongan de los efectivos enchufes. ¿Quién protege al ciudadano o ciudadana que saca dinero del cajero automático y unos delincuentes se lo arrebatan? ¿Y qué decir de los carteristas y las familias que se ven asaltadas en sus domicilios por individuos armados, en busca de dinero y joyas? Hay muchos interrogantes que tal vez el ministro Jorge Fernández Día tendría que aclarar antes de presentar la ley golpeándose el pecho de satisfacción. Es una ley, sin el TOP (Tribunal de Orden Público), tan arbitraria como las del anterior régimen.
Quiere Mariano Rajoy privatizar también a la policía. Eso mismo temen no sólo los periodistas, sino también la propia policía. En la ley se equipara totalmente a los vigilantes de empresas privadas con la policía. El Sindicato de la Policía ya ha protestado. En el afán privatizador de Rajoy (que comparte con su discípula, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha) muchos ven que el Gobierno del PP quiere también ahorrar en la policía. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) opinan que se trata de un intento más del Gobierno de solucionar con seguridad privada las miles de bajas que se dan en las Fuerzas de Seguridad del Estado y que no se cubren. En cuatro años se van a perder 10.000 plazas de policía nacional por las jubilaciones y los puestos que queden vacantes no van a ser cubiertos por nuevos agentes.
La vida de un policía es muy dura, puede ser incluso significar la muerte. En comparación con lo que ganan los policías, resulta más que injusto que cualquier diputado gris, que apenas abre la boca en el Congreso, si no es para bostezar, esté recibiendo remuneraciones y privilegios. Para que ustedes comparen: un guardia civil gana bruto anual 19.400 euros. Limpio, mensual, 1.117 euros. Un policía nacional obtiene bruto anual 24.360 euros. Limpio mensual 1.420 euros. (Datos tomados de Google).
Nada de vigilantes privados. Lo que los ciudadanos necesitan es una policía democrática, consciente de su deber y en la mayoría de los casos próxima a los ciudadanos, cuya seguridad eficazmente defiende, siempre que sea materialmente posible. A primera vista, y dadas las desorbitadas cuantías de las multas, parece como si la ley se hubiese hecho principalmente para proteger a Rajoy y a sus ministros de las cada vez más numerosas manifestaciones de indignados ciudadanos con la política del PP y las huelgas de los sindicatos contra el progresivo empobrecimiento de la sociedad.
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