Una de las más
indignantes lacras de las modernas sociedades es la violencia contra las
mujeres, en su mayoría asesinadas por sus compañeros o maridos. Los casos más
sensacionales y macabros se dieron en Ciudad Juárez (México), con cientos de
mujeres muertas a tiros en los años 90. El trágico problema se centra ahora en
Ciudad de México con más de mil muertas desde 2011. Detenido uno de los
asesinos declaró ante el juez que
mataban a las “hembras” por ser mujeres.
Violaciones, secuestros, palizas y asesinatos se dan también en la
civilizada Europa.
En España, cada año
comienza desgraciadamente con un feminicidio. Más de 50 mujeres perdieron la vida en 2013 a manos de un compañero o un
esposo. El perfil de los malhechores suele ser: alcohólico, drogadicto u otras
psicopatías. En la última década murieron 700 mujeres por violencia de género.
Para la policía es muy
difícil impedir la comisión de estos crímenes. Por una especie de síndrome de
Estocolmo no pocas mujeres se niegan a denunciar a su agresor a la policía.
Otras tienen miedo a que si denuncian a su torturador, éste sea puesto en
libertad al día siguiente y se vengue de la denunciante. Es cierto que la ley
puede prohibir al agresor acercarse a más de 100 metros de su víctima. ¿Pero
quién impide al violento entrar en su casa, sobre todo si hay niños de por
medio? Además es prácticamente imposible que se encuentre en el lugar un
policía para vigilar que el violento cumpla con la orden de alejamiento. Se han
inventado unas pulseras electrónicas para los tobillos, que permiten a la
policía seguir el camino del delincuente. Pero es ilusorio creer que los
agentes van a estar todo el tiempo mirando las pantallas de sus ordenadores.
Ese sólo ocurre en las películas. Una posibilidad de evitar el maltrato e
incluso el asesinato de una mujer es la
colaboración de los vecinos. Si oyen gritos y golpes en una casa o un piso, los
vecinos deberían llamar a la policía, que puede detener al agresor y posible
feminicida. Podría esperarse que un grupo
de vecinos penetren en la vivienda donde
se está produciendo el maltrato y que reduzcan al agresor. Pero la colaboración
ciudadana no puede esperarse en todos los casos. ¿Quién no tiene miedo a
recibir una puñalada o un tiro?
En los casos de los
maltratadores y violadores es la ley la que ha de poner freno a las torturas y
asesinatos, imponiendo duras penas, que
han de cumplirse en su totalidad, sin ninguna posibilidad de indulto. La puesta
en libertad de terroristas y de
violadores en serie, como el individuo conocido en toda Barcelona como
“violador del Ensanche", ha hecho cundir la alarma social. El “indulto” se
produjo en aplicación de la llamada doctrina Parot, que se basa en un dictamen
del Tribunal Supremo (febrero 2006) por el que la ejecución de la totalidad de
la condena comienza con las penas más graves y los beneficios se aplican
individualmente para cada una de ellas y
no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo,
una vez cumplida la pena más grave, debe
cumplirse la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que
alarga la estancia en la cárcel. (Fuente:
“La Vanguardia").
La cárcel no es un
“parking” donde se aparcan los elementos enemigos de la sociedad. El papel
principal de la prisión es reinsertar en la sociedad a los descarriados,
proceder a su educación, fomentar la autorreflexión del sentenciado sobre el
sinsentido de una vida criminal e incentivar el deseo de cambiar para vivir una
existencia en el marco de lo socialmente
normal. En cuanto a los violentos contra las mujeres y asesinos de mujeres (en su mayoría psicópatas) psiquiatras y psicólogos deben ocuparse de
ellos. Sólo estos profesionales pueden juzgar si el preso está ya en
condiciones de integrarse en la sociedad.
Pero, en mi opinión, el papel principal contra esta clase de delitos lo
ha de jugar la ciudadanía, ayudando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado siempre que puedan y que no pongan en peligro su integridad física. ¿Es
tan peligroso llamar con el móvil?
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