Ayer, en el debate sobre el estado de la Nación, Rajoy anunció que se revisará la controvertida “Ley de tasas”, otro de los engendros que debemos al ínclito ex Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón.
Desde su aprobación unilateral, con el único apoyo del PP, en noviembre de 2012, pocas leyes han generado críticas tan unánimes por parte de jueces, fiscales y abogados como ésta que para lo único que ha servido ha sido para impedir o limitar de forma desproporcionada el acceso a la Justicia, no sólo de los más desfavorecidos, sino también de una gran parte de esa clase media empobrecida por la crisis y gracias al austericidio ordenado desde Berlín y que el actual gobierno ha convertido en dogma de fe.
Conozco a muchos abogados. Sin ir más lejos, tengo a uno en la familia más cercana. Por ello, me atrevo a afirmar que prácticamente ninguno de los integrantes de los colectivos y asociaciones más representativos del tercer poder estaba de acuerdo con esa ley tal y como estaba planteada, según la cual sólo pueden librarse de las tasas los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita (aquellos que ganan menos de 1.100 euros por unidad familiar).
Desde que se implantaron las tasas, los letrados han visto mermados sus ingresos de manera considerable, llevando a algunos bufetes al borde de la ruina. No hay que olvidar que las tasas afectan a la jurisdicción Civil, a la Social y Laboral y a la Contencioso-Administrativa. Ello obliga a las personas físicas a pagar cantidades exageradas por acceder a la Justicia, por lo muchos prefieren olvidarse y desistir de presentar sus reclamaciones por vía judicial.
De hecho, la lluvia de protestas de todo tipo en su contra (recogida de firmas, manifestaciones, etc.), coordinadas por los 83 Colegios de Abogados de España, no ha cesado y son cinco los recursos de inconstitucionalidad del decreto que se han presentado hasta el día de hoy contra dicha ley, algo muy llamativo en colectivos que no se caracterizan precisamente por ser demasiado contestatarios con los de arriba.
A mí, personalmente, lo que más me ha extrañado como lega en la materia es que los partidos de la oposición, excepto el PSOE y UPyD, que lo llevan en sus programas, no hiciesen ayer mayor hincapié sobre ese tema (a menos que no haya sido recogido por los medios). Especialmente porque Rajoy habló de “revisar” y no de “derogar” y no nombró ni la fecha, ni la cuantía, ni los beneficiarios de dicha “revisión”.
Tampoco ha quedado nada claro qué pasará con los más de 512 millones de euros que, al parecer, se han recaudado con las tasas judiciales desde que la ley entró en vigor. Según escribía el diario Público ayer: (…) “el Ejecutivo se comprometió a destinar el dinero recaudado a la financiación de la justicia gratuita, si bien la oposición denuncia que todavía no se ha transferido ninguna cantidad al respecto”.
De momento, no conviene lanzar las campanas al vuelo, no sea caso que todo se quede en uno más de esos “anuncios electoralistas”, de cara a la galería, como ha sucedido en numerosas ocasiones cuando los comicios están a la vuelta de la esquina.
Margarita Rey
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