No al racismo. Sí a la Ley.

Hace ya un tiempo, a propuesta hispana, los “grandes” de Schengen, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, acordaron coordinar en transportes conjuntos aéreos la devolución a sus países de los inmigrantes ilegales, tal como lo venían haciendo ya nuestro país y Francia. En aquella ocasión, mucha tinta ha corrido entretanto sobre el tema, también se convino en ofrecer a los gobiernos subsaharianos una serie de créditos y donativos económicos para que éstos permitieran la entrada en la patria de sus ciudadanos emigrados, que al emigrar pierden su ciudadanía. Esto ocurre no por motivos patrióticos, sino por el sencillo hecho de que los ineptos y corruptos gobiernos africanos se libran de bocas que alimentar y se lucran de las divisas de las ayudas económicas que envían los emigrantes a sus familias.

El plan estaba muy bien concebido, pero para su éxito requería la eficaz cooperación de las autoridades, en nuestro caso, de los ayuntamientos y de los delegados y subdelegados del Gobierno. Hasta la fecha se percibe una especial dejadez en la puesta en práctica de medidas, que algunos grupos de idealistas humanistas, que parecen ignorar las más elementales leyes de la sociología y de la economía, podrían tachar de “racistas”. Curiosamente, los vocablos “racista” y “racismo” son las únicas palabras en español que sabe la mayoría de los inmigrantes ilegales que desconocen nuestra lengua. Los sindicatos, las asociaciones de inmigrantes legalizados y otras organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros llevan a cabo una labor muy meritoria, pero deberían tener en cuenta que la devolución a sus países de origen de extranjeros indocumentados (algunos ni siquiera tienen un pasaporte) y que se mueven en el terreno de la delincuencia, redunda en bien de los honrados trabajadores extranjeros, que merecen toda la ayuda de la sociedad para su integración. Esas organizaciones ponen equivocadamente como ejemplo a nuestros emigrantes de los 60 a Europa. La comparación ofende. Ningún emigrante español salía sin papeles a Europa y no había ningún delincuente entre ellos.

En la ciudad en la que resido me llama la atención el nutrido número de subsaharianos que se ven por sus calles. Por la noche, grupos de subsaharianos están apostados en el Paseo de La Feria con grandes bolsas (todas de la misma marca). Aún no he visto ni a un solo policía que se acerque a ellos y controle su documentación (y, si existe fundada sospecha, el contenido de las bolsas). Delante de los innumerables locutorios, grupos de subsaharianos ocupan la acera y no dejan pasar a la gente, que tiene que bajarse a la calzada. He notado en ellos una actitud agresiva (tal vez para compensar sus propios complejos de inferioridad) y he captado miradas de mal disimulado odio o de arrogancia. No puede afirmarse que el ciudadano español tenga la culpa de la desesperada situación de marginación que padecen estas personas lejos de sus casas.

Otra cuestión que me choca es el elevado número de individuos de etnia gitana rumana, que mendigan por las calles y locales con inusitada insistencia. Delante de los supermercados, estas personas pordiosean para que se les regale el euro del carrito. Y en los mercadillos, los gitanos rumanos molestan a compradores y vendedores. Cuando la gente no les hace caso, insultan y maldicen en su lengua. También en este caso se echa de menos controles de la policía. No creo tampoco que sea racista combatir la creciente delincuencia organizada de grupos de violentos e indeseables extranjeros, que atracan en la calle por la noche o roban en domicilios, siendo igual que los propietarios estén o no estén en sus casas. Les torturan y amenazan de muerte si no delatan dónde tienen guardados el dinero y las joyas. En la Costa Blanca y Costa del Sol han sido asesinadas por estos criminales personas extranjeras que estaban tan tranquilas en sus casas, En ambas zonas del Mediterráneo residen muchos jubilados, sobre todo británicos y alemanes.

Dadas nuestras permisivas y suaves leyes con respecto a los menores, ha aparecido en la actualidad una nueva modalidad de delinquir. Los padres –en un considerable porcentaje gitanos rumanos- envían a sus hijos a robar. Los muchachos y muchachas forman pandillas que entran en establecimientos armados de navajas, de barras de hierro o de palos, amenazan o agraden a los propietarios, roban la caja o mercancías y huyen. Si son detenidos por la policía, pronto estarán de nuevo en la calle. Los padres de los jóvenes bandidos saben muy bien que en este país no se juzga a un menor. Así estos delincuentes menores de edad estarán al día siguiente saqueando a otro local o a peatones. Todo el peso de la ley tendría que caer sobre los padres, culpables de los delitos a los que inducen a sus hijos menores de edad. Parece ser como si el Estado temiese ser acusado de racista.

El problema de los inmigrantes ilegales en Europa es un problema de la Unión Europea. Es un problema muy delicado, en el que es preciso tener muy en cuenta cada caso particular. No todos los ilegales son delincuentes. Pero no podemos tolerar que en Europa, y, dentro de Europa, en nuestro país proliferen las mafias extranjeras de la trata de seres humanos, de la prostitución importada, de la droga y de la mendicidad. No al racismo, pero sí al compromiso de las autoridades y a la sensatez de la sociedad al afrontar este grave problema.