Anteayer, poco antes de llegar a la puerta de mi supermercado habitual, presencié un hecho que me conmocionó profundamente. De repente, arrollando todo lo que encontraba a su paso, vi salir en tromba a una joven mujer empujando un carrito con un bebé dentro. Detrás de ella, pegando gritos, dos empleadas del comercio. Una de ellas la alcanzó e intentó sujetarla por el hombro. La mujer, al tiempo que profería toda clase de improperios, consiguió escapar lanzando varios envases de pañales, zumos y alimentos infantiles a los pies de las dependientas que se centraron en recoger del suelo los artículos, obviamente robados anteriormente en el establecimiento.
Me encontraba pues ante un caso que se está dando cada vez con más frecuencia, el “hurto famélico”. Se trata de un fenómeno que, según fuentes de la policía, se ha quintuplicado en estos últimos dos años por la crisis económica. El pasado año se registraron 130.000 hurtos en grandes almacenes, supermercados, y pequeños comercios. Según datos del sector, las perdidas alcanzaron los 600 millones de euros. Los autores son mayormente parados de larga duración, personas mayores y madres con niños pequeños, que se ven empujados a los robos de comida y artículos de primera necesidad para poder subsistir. Un balance deprimente que refleja la situación actual por mucho que el Gobierno lance las campanas al vuelo sobre esa supuesta “recuperación económica”, de la que la mayoría de los españoles parece no haberse enterado todavía.
Sin querer, me vinieron a la mente dos nombres, Manuel Benítez “El Cordobés” y Eleuterio Sánchez ("El Lute"), ambos confesos ladrones de gallinas en su juventud para poder comer. Por aquel entonces, en plena dictadura, a estos delincuentes de poca monta se les aplicaba la “Ley de vagos y maleantes” y los mandaban por la vía expeditiva a prisión. En la España democrática el Código Penal establece una eximente para el llamado Estado de Necesidad. El artículo 20 en su párrafo 5 dice así:
"Están exentos de responsabilidad criminal: El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona, siempre que concurran los siguientes requisitos: Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse".
Pero ante el aumento de los “hurtos famélicos”, a algunos jueces les ha dado por ignorar los eximentes y actuar con mano dura. Así, un juez de Madrid impuso el año pasado una pena de 1 año de cárcel a un joven de 18 años que había robado una gallina viva cuyo valor era de 5 euros.
Y a nuestro magnífico Gobierno, en lugar de tomar medidas para paliar los efectos de esta brutal crisis en los más débiles, no se le ocurre nada mejor que endurecer el castigo a los que se ven obligados por necesidad a infringir la ley. Nuestro inefable Ministro de Justicia, don Alberto Ruíz Gallardón, con la "ecuanimidad" que le caracteriza (sobre todo a la hora de proteger a las clases pudientes), ante los 130.000 hurtos citados anteriormente, ha tomado la drástica decisión de contemplar como delito y castigar con penas de entre 6 y 18 meses de cárcel el robo en centros comerciales e incluirlo en esa modificación del Código Penal que ha puesto en marcha contra viento y marea.
Una falta de sensibilidad más del Sr. Gallardón que, según la opinión mayoritaria de nuestros juristas, probablemente pase a la historia como el peor Ministro de Justicia de la democracia.
Margarita Rey
Fuentes: Futurfinances y La Provincia
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