Atalaya: El PP, ¿de capa caída?

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas ¿pueden considerarse como síntoma del fin del PP como heredero del régimen franquista y quizá su remodelación hacia el necesario partido conservador, que no reintroduzca el bipartidismo, sino que se convierta, no en bisagra, sino en fiel de la balanza democrática?

El o los partidos que gobiernen después de las elecciones generales supuestamente de noviembre, en especial las formaciones de izquierda, en el supuesto de que las ganen, tendrán que proceder con mucho tacto político, para que la derecha, apoyada siempre por el capital, no pueda lanzar la consigna de “frente popular”, pretexto para que el golpista general africanista, Franco, derribase a la Segunda República. Aunque hoy un golpe militar sea absolutamente impensable, en todos los sistemas hay populistas furiosos de poder que se imponen como “salvapatrias”.

 

La España actual precisa de una reforma de su constitución, que los españoles se dieron en 1978 como comienzo de la transición. La transición se hizo en condiciones muy difíciles para la izquierda, por existir todavía los poderes fácticos del franquismo, incluida “la Santa Madre” Iglesia. En estas circunstancias, el rey Juan Carlos, asesorado desde fuera y desde dentro (Torcuato Fernández Miranda) sobre el plan a seguir, hizo posible la “pacífica revolución” con una gran maestría, captándose las simpatías de quienes no podían soportar más la arbitrariedad de un régimen fascista: en primera línea, el capital español que, por culpa del “caudillo” y sus secuaces, veía cerrada las puertas de la a la sazón Comunidad Económica Europea. También volvían preocupados observadores extranjeros, entre ellos de Washington, aún asustados por la “Revolución de los Claveles” en Portugal, donde los comunistas tuvieron al principio mayoría. Los ruegos de la Casa Blanca de que su aliado militar de tapadillo se democratizase, cayeron en saco roto hasta fallecido el dictador (que tanto se añora en el PP que aún conserva símbolos fascistas en lugares públicos (plazas, calles) como el “Valle de los Caídos”, donde están sepultados bajo una losa de varias toneladas,  los restos embalsamados del “Caudillo de España por la Gracia de Dios”.

 

Juan Carlos, principalmente con el apoyo de Washington y de Alemania (SPD-socialdemócratas-Sindicato del Metal), así como con la esencial labor del ex jefe nacional del Movimiento, Adolfo Suárez, supo llevar con mano segura a una España tiranizada a una España democrática. En la izquierda socialista fue un auténtico pilar para los planes del Rey el sevillano Felipe González, que como posterior presidente del Gobierno supo apartar los pedruscos franquistas en el camino hacia la democracia, una monarquía, parlamentaria.

No me duelen prendas. El camino del capital español rural hacia un capital competitivo también en el Exterior (España por fin ingresó en la CEE, después UE) fue abierto en vida del dictador por los tecnócratas del Opus Dei, que desplazaron a los falangistas de su poder, entre ellos al Jefe de la Falange, Manuel Fraga Iribarne, que fundó al comienzo de la transición “Alianza Popular”, un batiburrillo de agrupaciones de ideología ultra conservadora que aglomeraba ideologías tan dispares como el monarquismo y el franquismo. Fue por ello que AP fracasó estrepitosamente, hasta que Fraga, en 1989, refundó su desfallecida federación de asociaciones políticas en un partido unificado, el Partido Popular, que, paso a paso, consiguió convertirse en la primera fuerza política de España.

Lejana está La Transición y sus dos principales artífices, fuera de combate: Adolfo Suárez, bajo tierra,  y el Rey Juan Carlos I, jubilado. España, a estas alturas, necesita un cambio profundo, pero manteniendo de momento la función de la Corona como soporte de la convivencia de los españoles. Aún existen abismales diferencias en el reparto de los ingresos, entre ricos y pobres. En vez de que unos cuantos sinvergüenzas se repartan el dinero de todos, una justa política fiscal tiene que imponer la constitucional responsabilidad social del capitalismo. El gobierno no puede servir a los capitalistas, sino imponer el cumplimiento de los acuerdos que hayan firmado Sindicatos y Patronal. Ninguna ley puede, en una democracia, sancionar o prohibir huelgas y manifestaciones pacíficas. La huelga es el arma de los trabajadores indefensos, aunque también la patronal dispone de otras armas más poderosas: el lock-out o cierre de la empresa, sin el pago de salarios. Aquí si tiene el gobierno la obligación de intervenir como mediador en un conflicto que arruina a una clase ya de por sí en precario.

 

En mi opinión, el multipartidismo, que propicia los reinos de taifas, no siempre es bueno para la democracia pues requiere de una gran madurez política que no suele ser precisamente uno de los principales atributos del pueblo español. Puede acabar en la anarquía, en la llamada “democracia asamblearia”. En suma, en un guirigay de grupitos que, con ese cainismo irracional que nos caracteriza, quieren alzarse con el poder. ¡Ejemplos suficientes tenemos a lo largo de toda nuestra Historia!

Menos en la corrupción, la izquierda ha de seguir el ejemplo de la derecha, más cohesionada en su lucha “por la conquista del Estado” (del poder) que ha dejado el país lleno de escombros tras el desmantelamiento del Estado de bienestar y la derogación de las leyes sociales desarrolladas por el PSOE, lo que significa un retroceso sin igual en nuestra joven democracia. El principal objetivo del PSOE debería ser ahora la restitución de las reformas que él propugnó y llevó a cabo en sus distintos mandatos y que la mayoría absoluta del PP ha conseguido cargarse de un plumazo en esta legislatura. De ello dependen también la ampliación y estabilidad de nuestra democracia y sus instituciones.

 

Tampoco estaría de más romper el tabú de la reforma constitucional. Mientras que –por poner un ejemplo– la ley fundamental alemana se ha revisado en 53 ocasiones,  nuestra Carta Magna de 1978, redactada bajo las particulares circunstancias de la reciente muerte del dictador y con el ruido de sables de algunos sectores del ejército como telón de fondo, se ha quedado obsoleta y requiere ser revisada en algunos aspectos. Hasta ahora, la única reforma ha sido la del Art. 135, con Zapatero todavía al frente del ejecutivo, aprobada por vía rápida con el consenso de PSOE y PP, y que el Partido Popular amplió en varias ocasiones tras su llegada al poder. Una polémica enmienda impuesta por el Banco Central Europeo y la UE para salvaguardar la estabilidad presupuestaria, que únicamente prioriza y beneficia a los bancos, nuestros acreedores. Al PP, desde la impunidad del rodillo de su mayoría absoluta, le sirvió de pretexto para justificar la cadena de recortes sociales, sacrificios y privatizaciones.

 

Ahora, en las autonómicas y municipales, el PP se ha pegado un espectacular batacazo, dejándose 2,5 millones de votos por el camino. Un merecido castigo en las urnas por sus inhumana política de austeridad. Por primera vez, se han oído críticas abiertas de los barones al inmovilismo de Rajoy. ¿Principio de descomposición o de regeneración?

 

Pero volviendo a la Constitución. Reformarla no va a ser tarea fácil y no sólo por las dificultades a la hora de llegar a un acuerdo sobre las modificaciones. Su artículo 168 obliga a que cualquier revisión de la Carta Magna, total o parcial, que afecte a cuestiones como la Corona, los derechos humanos o la unidad de la nación, tiene que ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada Cámara, así como a la posterior disolución de las Cortes. Como punto final, la reforma debe ser aprobada en referéndum popular.

Si las predicciones sobre la fragmentación del mapa político después de las próximas elecciones generales se cumplen, habida cuenta del afán de protagonismo reinante, parece casi inviable que dos tercios de los componentes de la Cámara Alta y de la Cámara Baja sean capaces de dejar a un lado sus egoísmos partidistas y personales para ponerse de acuerdo sobre un tema de tanta enjundia, como lo fueron los padres de la Constitución de 1978.