El 10 de octubre de 2014, en esta misma sección, les informamos de la  lucha de un colectivo de 12.000 marineros españoles que trabajaron en la marina mercante en Noruega para que dicho país les devuelva los impuestos pagados entre 1955 y 1994 cuando trabajaban para compañías navieras noruegas. El 10 de mayo 2015, el diario EL PAÍS se hizo también eco de las reivindicaciones de estos profesionales del mar.

 

Pues bien, el asunto sigue sin solucionarse. Ahora, ese mismo lector nos envía un artículo de Espe Abuín, también para La Voz de Galicia, titulado “La importancia de apellidarse García” para que le demos difusión. Dice así:

 

“Noruega empleó excusas tan peregrinas como que la particular onomástica de los españoles propiciaría el fraude para no incluir a este colectivo en su sistema de protección social

 

Para alguien que está acostumbrado a bregar administrativamente con patronímicos como Østberg -apellido del abogado que defiende en Noruega los intereses de Long Hope, la asociación que agrupa a los ex marineros españoles que trabajaron en mercantes noruegos sin que ahora tengan derecho a pensión a pesar de haber pagado impuestos-, puede resultar complicado comprender que alguien se apellide Torrijos García o Rodríguez Fernández, y ya no digamos si dan con sobrenombres gallegos tales como Paz Viñas, Del Río Castro o Piñeiro Seixo. Pero de ahí a emplearlo como argumento para negar el acceso de los trabajadores de nacionalidad española a la pensión de jubilación media un trecho.

Y, sin embargo, esa fue una de las excusas a las que recurrió en su día Noruega para cimentar lo que la Comisión Europea calificó de «injusticia social grave», contra la que hoy lucha un colectivo de 269 ciudadanos, pero que afecta a unos 10.000 marineros retirados, 8.000 gallegos. Así lo recoge el abogado Øivind Østberg en la reclamación que ha presentado al Gobierno noruego, previa a la entrada del caso en los tribunales de justicia del país nórdico.

 

Hay documentación de cuando en el paraíso social noruego se estaba preparando la Ley de la Seguridad Social, a mediados de los sesenta, que demuestra que el órgano encargado del personal marítimo adujo que la forma foránea de los apellidos de la gente del mar dificultaría llevar un control de sus derechos a la protección social. Y en el caso de los españoles las complicaciones aumentaban, pues, «como unas veces usan el apellido de su padre y otras el de su madre, tienen dificultades para registrarse».

Falta de interés
Si esa excusa es llamativa, no lo es menos la que adujeron los navieros noruegos. Además de hacer ver que los costes del transporte marítimo ascenderían solo en 1967 a 14 millones de coronas noruegas (1,5 millones de euros), declararon que a los españoles no les interesaba cotizar para la jubilación y que imponerles ese pago retraería la mano de obra. A los gallegos nadie les preguntó si les interesaba o no que les descontasen una parte de la nómina para disfrutar de la pensión. En definitiva, así se fraguó la «injusticia social grave» que Noruega estuvo cometiendo contra los españoles hasta 1994 y que ahora se niega a reparar, como exigen los afectados desde Long Hope.

 

En 1994 Noruega entró en el Espacio Económico Europeo (EEE) y se vio obligado a reconocer el derecho a pensión de jubilación a todos los que trabajasen en sus buques mercantes y no circunscribirlo exclusivamente a los que tuviesen la residencia en el país.

En su demanda, el abogado subraya que los marineros que reclaman su pensión tributaban en Noruega como si residiesen en Oslo. Y sin embargo no se beneficiaron de los servicios e infraestructuras que contribuyeron a levantar en el país. «El hecho de que esta gente de mar pagara en su totalidad sus impuestos en Noruega hace aún menos justificada la exclusión de la seguridad social». Y que no pagaran las cotizaciones, aunque redundara en su propio interés, como sugerían los navieros, no es argumento válido para negarles la pensión, puesto «que estaban excluidos del sistema de la ley».

El representante legal de Long Hope fundamenta lo que ha sido «un trato discriminatorio basado en la nacionalidad» y esa exclusión atenta contra los derechos humanos, que Noruega se ha obligado a respetar en su Constitución. También argumenta que ha llegado el momento de reparar la injusticia y se remite a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, pues de sus fallos se deduce que «los efectos discriminatorios de la legislación que estaba en vigor en el momento en que un país quedara vinculado al derecho de la UE [en 1994] no pueden ser prolongados después, puesto que eso implicaría restablecer el trato discriminatorio después de la introducción de una legislación cuyo objeto es precisamente abolirlo».

Pago de pensiones y atrasos
Así que reclama para 226 afiliados a Long Hope y a 43 familiares de jubilados fallecidos que el Ministerio de Trabajo ordene liquidar las pensiones «de manera que durante los períodos de tiempo en que hayan desempeñado un trabajo asalariado como marineros a bordo de mercantes entre el 67 (entrada en vigor de la ley de la Seguridad Social) y el 94 (entrada en el EEE) sean tratados del mismo modo que si hubieran sido noruegos». Y que les pague los atrasos desde el 94. Espera la respuesta del Gobierno. Si es negativa, irán a los tribunales".

 

Hasta aquí La Voz de Galicia.

 

 

Del artículo se infiere que las reivindicaciones de los marineros españoles han caído en saco roto, por lo que la Asociación de ex-marinos Noruegos (Long Hope), presidida por Juan Lores, que trabajó en Noruega del 1970 al 1992, decidió enviar a Madrid una delegación de 70 afectados para manifestarse ante la Embajada noruega, donde ni tan siquiera se les recibió. Además, Long Hope, en nombre de los 206 marineros todavía vivos y de las familias de los ya fallecidos, iniciará lo más pronto posible los trámites necesarios para interponer una demanda ante los Tribunales noruegos, un proceso largo y muy costoso. Hay que señalar que la plataforma cuenta con el apoyo del Gobierno español que ha prometido interceder por su causa ante las autoridades competentes noruegas.

 

Long Hope, la asociación que engloba a los afectados, (en colaboración con la plataforma Change.org) ha remitido recientemente a los medios de comunicación el siguiente escrito para recabar ayuda ciudadana a sus justas reivindicaciones.

“Actualización de la petición

206 marineros españoles demandaremos a Noruega.

Estimados amigos:
Ante la negativa de las autoridades noruegas a dialogar y buscar soluciones a un conflicto que dura ya más de 50 años y después de constatar la nula capacidad y escasa voluntad de presión que tiene el gobierno español ante el gobierno noruego para reparar, lo que la propia Comisión Europea califica como injusticia social, finalmente, 206 marineros españoles representados por nuestro abogado en Oslo, Øivind Østberg y que tenemos una media de edad de 80 años, hemos decido interponer una demanda en los tribunales de Noruega en el mes de febrero. Con gran esfuerzo económico hemos podido reunir la cantidad económica necesaria para llevar el caso a los tribunales noruegos. Somos conscientes del largo recorrido de un proceso judicial que posiblemente llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que algunos de nosotros quizás no veamos el final. Sin embargo, creemos firmemente en que la razón nos asiste y que Noruega ha cometido una clara discriminación laboral por razón de origen contra los trabajadores españoles que trabajaron en su flota mercante, privándoles de uno de los derechos fundamentales protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos como es el derecho a pensión. Confiamos en que la justicia pueda reparar lo que los gobiernos han sido incapaces de hacer.

 

Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas durante todo este tiempo y os animamos a seguir haciéndonos llegar vuestras firmas de apoyo. Gracias.

 

Asociación de ex-marinos Noruegos (Long Hope)".

 

 

 

 

 

 

Si desean sumarse a esta causa, pueden firmar la petición siguiendo el siguiente enlace de Change Org.

 

Margarita Rey