En solitario, el populista Partido Popular, aprovechando la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, se ha decidido a sacar del cajón del dimitido ministro de Justicia, el reaccionario Alberto Ruiz Gallardón, su duro proyecto de reforma del Código Penal, para suavizarlo o endurecerlo, medida esta última obsoleta, ya que según los juristas, el Código Penal español es el más severo de Europa. El ciudadano medio español aún no ha comprendido por qué motivo la Ley española mantenía una praxis, cuyo abandono, empujado por el tribunal de Luxemburgo, permitió la excarcelación de delincuentes o terroristas con largas condenas a prisión. Por ejemplo, hubo una reacción de alarma social ante la excarcelación del llamado “violador del Ensanche” y otros criminales, que declararon no haberse arrepentido de sus fechorías ni querer saber nada de inserción social. Esta no puede ser le la letra de la Ley de la UE, que en algunos casos parece estar más al lado del delincuente que de la víctima.

Bárcenas fue dado de baja en el PP. Rajoy ya no conoce a su ex hombre de confianza. Los documentos “explosivos” (“bombas atómicas”, según Esperanza Aguirre) contra el Partido Popular al parecer (ya) no existen. ¿O se los reserva Bárcenas para las próximas elecciones municipales y autonómicas?

Bien. El presunto delincuente Bárcenas ya está en la calle. Ahora sí que es amable con los periodistas que lo asedian y que casi le hacen tragar sus micrófonos. Ignorando su exclusión de Génova, Bárcena afirma seguir perteneciendo al Partido Popular, por el que ha dado todo. Ya veremos si en el próximo futuro, al que ya pertenece el actual congreso de autobombo, populista y justiciero, Bárcena aprende la lección ( y, con él otros generosos militantes), que el dinero que acumulan en el Extranjero pertenece a todos los españoles y su destino es servir al país. Pero esto no sólo atañe al PP. Tiene vigencia para todas las fuerzas políticas.
¿Desaparecerá ahora Bárcenas de los medios o nos deparará nuevas sensaciones? Habrá que esperar a su juicio, si es que no se sobresee por prescripción de los presuntos delitos. Todo depende de la “ágil” justicia española y de la Banca suiza.
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