Dos noticias acapararon ayer la atención del lector, cuyos principales protagonistas fueron Iñaki Urdangarín y la millonaria fianza que el fiscal pide para él, y el primer cumpleaños del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Aún a riesgo de que esta sección resulte un poco larga, queremos que compartan la información, a nuestro parecer muy completa y acertada, publicada en dicho contexto en
El Diario Montañés y en
Público. Dice así:
"La hora de la verdad para Urdangarín
Un año después del inicio de la investigación judicial y tras meses de cálculos la cuenta está lista y ajustada hasta la última coma: 8.18 millones de euros. Ese es el montante final que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres tendrán que afrontar con su patrimonio a modo de fianza civil por el daño que sus actividades al frente del Instituto Nóos causaron supuestamente a la Hacienda Pública. La Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias ultiman sus informes que presentarán de forma inminente ante el juez del caso, José Castro, y en el que básicamente exigen que el yerno del Rey y Torres, al margen de las penas de cárcel que afronten en un hipotético juicio, devuelvan todo el dinero que se llevaron de sus negocios con los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps.
Tanto en el Ministerio Público como la acusación parten de una premisa: los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe regresado al Estado, más un tercio de penalización. La Fiscalía es tajante: “Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos”.
Las acusaciones reclaman como primera opción la devolución total, pero dejan abierta otra posibilidad al juez. Que se contabilice como responsabilidad civil el total del dinero que Iñaki Urdangarin y el exprofesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas, tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa: 5,9 millones.
Informe de la Fiscalía
Según el informe de la Fiscalía la que ha tenido acceso este periódico, "la única finalidad perseguida con la creación y posterior asunción o toma del control del Instituto Nòos por parte de D. Iñaki Urdangarin y D. Diego Torres era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)". El informe señala asimismo las cuatro finalidades para las que, estima, se constituyó dicha asociación. En primer lugar, "el acceso a fondos públicos a través de Convenios de Colaboración con entidades públicas, ya que presentándose como compañía mercantil privada les estarían vedadas dichas opciones", "aparentar la no persecución de fines lucrativos, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos.
Por otra parte, el informe destaca que "por parte de los responsables de las Administraciones Públicas, de común acuerdo con los representantes del Instituto Nòos, se tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas, en tanto que adoptadas al margen de cualquier expediente administrativo, puesto que la apertura del preceptivo expediente y procedimiento administrativo hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar a personas concretas".
En ese mismo informe, el fiscal Pedro Horrach asegura que “los responsables políticos de las administraciones correspondientes pactaron de forma verbal con los representantes del Insistituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia Summit e Illes Balears Forum al margen de cualquier expediente administrativo”. Es más, Anticorrupción desvela que el Instituto Nóos empezó a organizar y desarrollar dichos proyectos con anterioridad a la formalización de los respectivos Convenios de Colaboración”.
“La omisión deliberada del expediente administrativo supone un atentado frontal a los principios básicos de la contratación”, apunta el documento del Ministerio Público, que afirma que “la inexistencia de expediente administrativo tuvo como consecuencia directa la vulneración reiterada y flagrante de otras exigencias legales que debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados”.
Fuente: El Diario Montañés
Autor: Melchor Sáiz-Pardo
"Un año después de su triunfo absoluto sobre Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), con una mayoría parlamentaria de 185 diputados, la calle se ha convertido en el principal temor de Mariano Rajoy y su Gobierno. En estos 365 días, se ha demostrado que, lejos de contener el malestar social, las políticas del PP lo han disparado y, a la vista de los nulos resultados positivos, van camino de incrementarlo. El escenario de fuerte movilización en Grecia (el país heleno lleva 25 huelgas generales en tres años) es el enemigo a batir por el Ejecutivo y, aunque insiste por activa y por pasiva en que "España no es Grecia", las imágenes de indignación, desesperación ciudadana y pobreza (más de 21% de la población española vive por debajo de ese umbral) se adueñan cada día con más fuerza de la prensa nacional e internacional.
¿Qué ha hecho Rajoy para generar este descontento, incluso, entre sus propios votantes? Los recortes en el sector público y la privatización paralela de servicios hasta ahora gratuitos y universales constituyen una de las claves del deterioro de la confianza social en Rajoy y su Gobierno.
Recortes sin precedentes
Un mes después de su victoria, el jefe del Ejecutivo anuncia una subida de impuestos (IRPF e IBI) y un recorte del gasto público, con los que espera reducir el déficit en 15.000 millones. En marzo de 2012, los Presupuestos Generales para este año incluyen el mayor recorte del gasto público de la democracia (13.400 millones). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia más impuestos a las grandes empresas para recaudar 27.000 millones al tiempo que decreta la amnistía fiscal para que afloren 25.000 millones defraudados.
El gasto social es el más afectado por los recortes este año Tras acordar las condiciones para el rescate del sistema bancario español y la entrada de la troika en España (Comisión Europea, BCE y FMI) para supervisarlas, Rajoy anuncia el mayor ajuste de la democracia: 65.000 millones en dos años. El presidente asume el derribo de sus líneas rojas y el incumplimiento total de sus compromisos electorales en materia económica: sube el IVA, se reduce parcialmente el subsidio por desempleo, se suprime la paga extra a los funcionarios, se elimina la desgravación por vivienda en IRPF y se aumentan los impuestos medioambientales. Rajoy se disculpa asegurando que no ha cambiado de "criterio" respecto a su programa electoral, pero "las circunstancias", sí, por lo que "no hay más remedio" que hacerlo.
El gasto social es el más afectado por los recortes en este año, pues a los 27.000 millones de los PGE de 2012, se suman otros 10.000 millones adicionales en Educación y Sanidad que se anuncia en abril. Por otro lado, el Gobierno decreta el copago farmacéutico, otra de las líneas rojas que prometiera en campaña no cruzar jamás. Lo mismo ocurre en Educación con el incremento de las tasas universitarias o la introducción de otras nuevas, por ejemplo, en Fomación Profesional.
Los recortes, asimismo, se ceban con el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, los dependientes, por ejemplo, cuando las Comunidades Autónomas anuncian que se reducirá un 15% como mínimo el salario del que disponen estas personas para pagar a los familiares que las cuiden.
Los bancos sí tienen quien les salve Con la sociedad en movilización diaria e in crescendo y su Estado de Bienestar bajo mínimos, el Ejecutivo sigue volcado en salvar el sistema financiero y aprueba hasta tres reformas sobre el mismo (la última, el pasado viernes con la configuración definitiva del banco malo). Estos cambios del sector van llegando junto a la solicitud y aprobación por parte de la UE de un rescate bancario de hasta 100.000 millones con condiciones y bajo la vigilancia estricta de la troika. Las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, contratadas por Economía y el Banco de España, recogen en un informe que las necesidades reales de nuestra banca se sitúan entre 51.000 y 62.000 millones.
El rescate bancario de la UE asciende hasta 100.000 millones
Ni Rajoy ni su ministro quisieron hablar de rescate bancario, tampoco sobre si se pedirán los 100.000 millones íntegros y sí anunciaron un "préstamo en condiciones muy favorables", presentándolo ante los medios con un tono triunfalista que colisionó frontalmente con los medios europeos (el Times tituló, en inglés, "Tú dices tomate, yo digo rescate") y, lo peor de todo, con los mercados. Contrariamente a lo que pensaba el presidente del Gobierno, que, tras anunciar la luz verde al rescate de la banca, se fue visiblemente satisfecho a ver el partido de la final de la Eurocopa a Kiev, el mes de julio que empezaba con su rueda de prensa en positivo, dio paso a un julio mucho más negro que el de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, superando la prima de riesgo los 640 puntos básicos y el interés del bono a diez años un nivel récord del 7,5%. Al fin y al cabo, el propio Montoro había reconocido que un rescate bancario que no fuese directamente a las instituciones, sino que se hiciese a través del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) del Estado, equivalía a más deuda en las maltratadas arcas públicas.
Ciudadanos a la calle
La reforma laboral del PP que el presidente del Gobierno presentó en su programa electoral como la panacea para la creación de empleo no sólo no lo ha logrado, sino que tampoco ha frenado la destrucción de puestos de trabajo, además, con un significativo abaratamiento del despido. El paro está a punto de alcanzar a seis millones de personas, según la última Encuesta de Población Activa, y el número de afectados por los EREs que facilita la nueva legislación aumenta también de forma alarmante.
Además, los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia amenazan con quebrar la protección universal en estas áreas, especialmente, a los más desprotegidos (por ejemplo, la tarjeta sanitaria ha sido retirada a los inmigrantes sin papeles desde septiembre). A todo ello, se suma un drama largo en el tiempo pero que ha reventado en el Gobierno de Rajoy [en la imagen, la semana pasada en Valencia. EFE] con toda su crudeza en forma de suicidios: los desahucios por impago de hipotecas.
Los dirigentes asumen que cualquier movimiento en público va acompañado de abucheos
Así las cosas y ante la falta de perspectivas a corto y medio plazo, los ciudadanos han optado por echarse a la calle en un año de movilizaciones sin precedentes y que incluye dos huelgas generales convocadas por los sindicatos y de seguimiento irregular. No así las manifestaciones y movimientos ciudadanos, que encuentran cada vez más seguidores y tienen realmente preocupados al Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, cuyos miembros asumen que cualquier movimiento suyo en la calle va acompañado de protestas y abucheos.
La valoración de los líderes políticos cae en picado en territorio nacional, ya sea del Gobierno o de la oposición, pues ninguno aprueba, según coinciden en recoger las últimas encuestas del CIS y de medios privados. Además, y a pesar de estar haciendo todos los deberes que le han impuesto la UE, la troika y la canciller Angela Merkel, la imagen de Rajoy tampoco ha mejorado este año.
Ningún líder político aprueba en las encuestas del CIS Al presidente del Gobierno le han llegado de los medios extranjeros todo tipo de opiniones negativas sobre su figura política y su gestión de la crisis a lo largo de su primer año. El más amable, tal vez, llegó de The Economist hace unas semanas, cuando tildó de "misterioso" a un presidente que desespera a sus colegas por su empeño en no informar sobre sus planes ni a quienes les afectan, como a los Veintisiete de la UE. Los más duros, tal vez, llegaron de EE.UU. precisamente, cuando Rajoy y el rey estaban allí participando en la Asamblea anual de la ONU. El medio de referencia, The New York Times criticó con un duro reportaje la "pobreza" a la que estaban llevando a los españoles la "austeridad" de Rajoy. La prensa alemana, que apenas recogió la visita de Merkel a España, tildó al presidente español de "simpatizante" de la canciller, argumentando la absoluta disposición de aquél para cumplir los deseos de la alemana. Por su parte, la prensa francesa fue de las más contundentes en sus reproches y, en todos sus diarios (Le Monde, Libération o Le Figaro), criticó con dureza la "imprecisión" de Rajoy, su ambigüedad y ese misterio con que solía actuar desconcertando a sus colegas europeos.
Con tres años por delante -si decide agotar la décima legislatura-, Rajoy sigue con el mismo interrogante con el que empezó su mandato: el rescate completo a la economía española. Tras las sugerencias de Alemania para que resista y la imposibilidad de doblegar a Europa sobre las estrictas condiciones que se le impondrían, el presidente resiste sin intención alguna de variar su hoja de ruta: cumplir el objetivo de déficit público cueste lo que cueste y a pesar del "sufrimiento de los ciudadanos" que él mismo reconoció ayer".
Fuente: Público (publico.es)
Autora: ANA PARDO DE VERA
